EN SÍNTESIS

El presidente Gustavo Petro denunció un presunto delito electoral en Aguachica, Cesar, donde carrotanques con publicidad de los congresistas Alfredo “Ape” Cuello y Didier Lobo estarían repartiendo agua en medio del racionamiento, condicionando su entrega al registro de datos o apoyos de cara a las legislativas del 8 de marzo de 2026. Petro ordenó a la Policía capturar a los responsables y advirtió posibles vínculos con “mafias políticas”. La Procuraduría abrió indagación preliminar. El caso pone bajo escrutinio a campañas, autoridades locales y la gestión del agua en un municipio con más de 20 días de servicio irregular.

EN PROFUNDIDAD

Bogotá, 21 de febrero de 2026 – La denuncia presidencial convierte una controversia local en un pulso institucional sobre el uso de bienes esenciales en campaña. Al calificar la distribución de agua como posible delito electoral y ordenar capturas, Gustavo Petro traslada el debate del terreno ético al penal y sitúa a la Policía y a los órganos de control frente a una prueba concreta de neutralidad en pleno calendario preelectoral.

Los hechos se centran en Aguachica, municipio del sur del Cesar que desde inicios de 2026 opera bajo alerta amarilla por menor disponibilidad del recurso. Barrios completos acumulan más de 20 días con presión baja o sin suministro continuo, lo que ha incrementado la dependencia de carrotanques. En ese contexto comenzaron a circular videos donde se observan vehículos repartiendo agua con piezas visibles de campaña de Alfredo “Ape” Cuello, representante a la Cámara por el Partido Conservador, y Didier Lobo, senador de Cambio Radical, ambos en búsqueda de reelección.

Las denuncias ciudadanas sostienen que la entrega no sería indiscriminada. Periodistas locales, concejales y líderes comunitarios han señalado que personas vinculadas a esas campañas registran datos personales en planillas y priorizan a quienes manifiestan respaldo político. El abogado Francisco Peláez y el presidente del Concejo, Elmer Contreras, cuestionaron además el origen del agua, al advertir que los carrotanques se abastecerían de hidrantes públicos o de una planta portátil vinculada al sistema oficial.

Petro afirmó en su cuenta de X que se estaría usando el agua “con fines electorales” y pidió capturar a los “autores materiales e intelectuales”. Fue más allá al advertir que, si no hay reacción, podría interpretarse como articulación entre fuerza pública y estructuras políticas regionales. Con esa declaración introduce un componente de presión directa sobre la Policía en Cesar, Magdalena y La Guajira, departamentos que también enfrentan crisis recurrentes de abastecimiento.

La Procuraduría General abrió una indagación preliminar y envió un funcionario a verificar en terreno la operación de los carrotanques y el eventual condicionamiento del voto. El alcance disciplinario dependerá de si se demuestra uso de recursos públicos o participación de funcionarios. En el plano penal, el Código tipifica la corrupción al sufragante cuando se ofrece un bien o beneficio a cambio de apoyo electoral, lo que eleva la gravedad del señalamiento.

Hasta ahora, las campañas de Cuello y Lobo no han presentado una defensa de fondo. Voceros han indicado que preparan respuestas, sin desmentidos detallados sobre los videos o las planillas. Tampoco la Alcaldía ni la empresa de servicios públicos han explicado con claridad quién autoriza el uso de hidrantes o bajo qué criterios se coordina la distribución en medio del racionamiento. Ese vacío institucional alimenta la sospecha y mantiene abierta la controversia.

El trasfondo combina precariedad estructural y cultura clientelar. En varias zonas del Caribe, el acceso intermitente al agua convierte a los carrotanques en instrumento de intermediación política. Cuando un recurso básico depende de decisiones discrecionales, quien controla su distribución adquiere capacidad de influencia directa sobre comunidades vulnerables. La frontera entre gestión social y presión electoral se vuelve difusa y el control estatal resulta determinante.

Aguachica no es ajena a disputas por contratos, obras y liderazgos regionales. La presencia de congresistas con arraigo territorial y capacidad de canalizar inversiones públicas ha configurado redes políticas que compiten por el respaldo local. La crisis del acueducto agrega un elemento sensible que puede redefinir alianzas y costos reputacionales en la antesala de las legislativas.

La atención ahora se concentra en la evidencia que logren recaudar los organismos de control y en la reacción de la Policía frente a la instrucción presidencial. Si las verificaciones confirman que hubo condicionamiento del suministro o uso indebido de infraestructura pública, el caso podría derivar en procesos formales y en un debate más amplio sobre la integridad de la campaña en el Caribe. Si, por el contrario, no se traducen en actuaciones visibles, la controversia pasará a formar parte de la narrativa de desconfianza que ya rodea la contienda de 2026 y que cada actor político utiliza para reforzar su propio relato sobre la limpieza del proceso.