EN SÍNTESIS

El ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, viaja a Caracas y se reúne en el Palacio de Miraflores con Delcy Rodríguez, quien encabeza el régimen chavista luego de la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos el pasado 3 de enero de 2026. Es la primera visita oficial de alto nivel colombiano desde esa operación militar. Ambos gobiernos anuncian “avances importantes” hacia la integración energética bilateral, con foco en importar gas venezolano, modernizar infraestructura binacional y reactivar interconexiones eléctricas. El encuentro prepara una cumbre entre Gustavo Petro y Rodríguez, donde se prevén anuncios más amplios. La agenda combina recomposición política y estrategia de seguridad energética.

EN PROFUNDIDAD

Caracas, 21 de Febrero de 2026 – La visita de Edwin Palma redefine el canal político entre Bogotá y el chavismo tras la salida forzada de Nicolás Maduro del poder. Al sentarse en el Palacio de Miraflores con Delcy Rodríguez, el Gobierno colombiano reconoce de facto el nuevo equilibrio interno en Venezuela y envía una señal de continuidad en la apuesta por la integración energética como eje prioritario de la relación bilateral.

El encuentro ocurre después de la operación militar estadounidense del 3 de enero de 2026, cuando fuerzas de ese país capturaron a Maduro y a Cilia Flores en Caracas y los trasladaron a Nueva York para enfrentar cargos vinculados al narcotráfico y otros delitos. Esa acción alteró el mapa de poder en Venezuela y obligó a los gobiernos de la región a recalibrar sus vínculos con el aparato chavista, ahora encabezado por Rodríguez como presidenta encargada.

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En ese contexto, la reunión en Miraflores reanuda contactos de alto nivel en un momento de incertidumbre política y acelera una agenda energética que venía gestándose desde 2023, cuando Gustavo Petro y Maduro anunciaron la intención de avanzar hacia una alianza entre PDVSA y Ecopetrol. La idea de una integración en gas y electricidad ya estaba instalada, pero la captura de Maduro obligó a redefinir interlocutores y ritmos.

Según los comunicados oficiales, las delegaciones abordaron tres frentes concretos. El primero es la importación de gas venezolano hacia Colombia, apoyada en la posible reactivación del gasoducto binacional Antonio Ricaurte, que conecta La Guajira de ambos países. El segundo es la modernización de infraestructura compartida, incluidos gasoductos y subestaciones. El tercero es el fortalecimiento de las interconexiones eléctricas, con referencias a líneas como San Mateo–Corozo, que en el pasado permitieron intercambios de energía en la frontera.

Para el Gobierno Petro, esta ruta representa una estrategia de seguridad energética pues Colombia enfrenta problemáticas como la declinación de algunos campos de gas y mayores costos en importaciones de gas natural licuado. El suministro venezolano, transportado por infraestructura ya construida, se presenta como una alternativa potencialmente más barata y estable para la industria y los hogares. La narrativa oficial enfatiza diversificación de fuentes y reducción de dependencia externa en un momento de transición energética.

Del lado venezolano, la urgencia es económica y política. Tras años de sanciones y crisis productiva, y ahora sin Maduro en el poder, el régimen busca demostrar capacidad de gestión y generar ingresos. Reactivar exportaciones de gas y electricidad hacia Colombia le permitiría monetizar recursos y proyectar una imagen de normalidad institucional. La presencia de directivos de PDVSA y Pequiven en la reunión refuerza la intención de traducir la voluntad política en acuerdos técnicos.

La dimensión geopolítica influye también en la ecuación, Washington mantiene a Maduro detenido y no ha modificado su postura frente al chavismo. Cualquier entendimiento energético deberá tener en cuenta restricciones financieras y eventuales presiones diplomáticas. Además, existen interrogantes sobre el estado real de la infraestructura venezolana, que requeriría inversiones y garantías de seguridad jurídica para atraer participación de empresas como Ecopetrol, especialmente en zonas como el Lago de Maracaibo.

En la frontera, donde históricamente han operado economías ilegales y grupos armados, la eventual reactivación de obras y flujos energéticos tendría implicaciones en seguridad y gobernanza local. La integración es un asunto tanto técnico, como fundamental en temas económicos y de control territorial.

La anunciada cumbre entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez será la prueba política de este relanzamiento. Si allí se concretan memorandos de entendimiento, cronogramas de rehabilitación del gasoducto y compromisos sobre interconexión eléctrica, el acercamiento dejará de ser una señal diplomática para convertirse en una apuesta estructural.

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La decisión que adopte la Casa Blanca frente a estos movimientos, y la estabilidad interna del liderazgo de Rodríguez en Caracas, condicionarán la profundidad real de la integración. De esa combinación dependerá si la agenda energética se consolida como eje duradero de la relación colombo-venezolana o si queda expuesta a nuevas turbulencias políticas y sancionatorias.