EN SÍNTESIS

El penalista Mauricio Pava Lugo renuncia a la defensa del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, procesado por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La decisión se conoce el pasado 18 y 19 de febrero y deja a Bonilla, detenido desde diciembre de 2025, sin su principal abogado cuando está pendiente la apelación contra su medida de aseguramiento. Fuentes citadas por la prensa señalan diferencias sobre el enfoque de la defensa, que Pava quería mantener en el plano técnico mientras sectores del Gobierno habrían buscado un componente político.

EN PROFUNDIDAD

Bogotá, 19 de febrero de 2026 – La salida de Mauricio Pava Lugo ocurre en un punto procesal que va más allá de un relevo jurídico. El exministro de Hacienda Ricardo Bonilla enfrenta uno de los expedientes más sensibles para la administración de Gustavo Petro, porque la Fiscalía sostiene que desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Invías se direccionaron contratos públicos para asegurar apoyos legislativos a proyectos oficiales. La renuncia del principal defensor reabre la discusión sobre si la estrategia del exfuncionario debe concentrarse en desmontar pruebas penales o en disputar el relato político del caso.

Bonilla permanece privado de la libertad por decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que en diciembre de 2025 le impuso medida de aseguramiento intramural por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. La Fiscalía calcula que el entramado habría comprometido más de 600.000 millones de pesos en contratos presuntamente direccionados a congresistas y aliados, con el propósito de garantizar votos en el Congreso.

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La apelación contra esa detención sigue sin resolverse. Pava ya había intervenido en ese trámite y defendía que la medida no podía interpretarse como una condena anticipada. Con su retiro, también sale del caso el abogado Javier Torres, integrante de su equipo, y queda abierta la incógnita sobre quién asumirá la representación en una fase decisiva. La continuidad o el replanteamiento de los argumentos presentados ante el tribunal dependerá del nuevo equipo jurídico.

El trasfondo del expediente se remonta a 2023, cuando se conocieron irregularidades en la compra de carrotanques para La Guajira y luego se amplió la investigación a múltiples contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y del Invías. La Fiscalía sostuvo que la adquisición de 40 vehículos era apenas la punta de un esquema más amplio que incluía al menos 21 contratos y montos superiores a 612.000 millones de pesos. Empresarios y exfuncionarios han descrito un mecanismo en el que recursos destinados a la atención de emergencias se habrían convertido en moneda de negociación política.

En 2025, ante el avance de las indagaciones, Bonilla renunció al Ministerio de Hacienda. Organizaciones como Transparencia por Colombia interpretaron esa decisión como un acto de responsabilidad política mientras se esclarecían los hechos. Meses después, la imputación formal y la orden de detención elevaron el costo institucional del caso y situaron a la administración Petro bajo escrutinio por la manera en que gestionó la crisis.

El presidente Gustavo Petro ha defendido públicamente a Bonilla y lo ha presentado como un “chivo expiatorio”. Esa postura ha convivido con una narrativa oficial que sostiene que el Gobierno no promovió prácticas ilegales. Las versiones sobre diferencias entre Pava y sectores de la Casa de Nariño apuntan a un dilema estratégico. Una defensa estrictamente técnica busca persuadir a jueces con argumentos probatorios y procesales. Una defensa con mayor contenido político intenta incidir en la opinión pública y reforzar la legitimidad del Ejecutivo frente a sus críticos.

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El caso también Invita a la reflexión sobre las prácticas históricas de intercambio de contratos por apoyos legislativos, conocidas como mermelada o cupos indicativos. La gravedad del expediente radica en que los recursos presuntamente utilizados provenían de partidas destinadas a atender desastres y poblaciones vulnerables, lo que amplifica el impacto ético y simbólico de las acusaciones. La investigación, por tanto, no solo examina conductas individuales sino un modelo de relación entre Ejecutivo y Congreso.

La designación del nuevo abogado de Bonilla será la primera señal concreta sobre la ruta que adoptará el exministro. Si opta por un penalista de alto perfil con autonomía marcada, podría reforzar la idea de una defensa concentrada en el expediente judicial. Si la elección privilegia una figura más cercana a la narrativa gubernamental, el proceso adquirirá un componente político más visible. La decisión del tribunal sobre la apelación, que definirá si se mantiene o no la detención intramural, condicionará el margen de maniobra de cualquier estrategia y marcará el tono de la siguiente fase de un caso que sigue golpeando la credibilidad institucional.