EN SÍNTESIS

La representante a la Cámara por Bogotá, Jennifer Pedraza, radicó ayer 19 de febrero de 2026 una solicitud de moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ante la mesa directiva de la Cámara. La iniciativa le atribuye responsabilidad política por la crisis en el acceso y la continuidad de medicamentos y servicios médicos, y cita como caso emblemático la muerte del niño Kevin Arley Acosta, paciente con hemofilia. El documento ya reúne entre 10 y 12 firmas de distintos partidos y busca completar 20 para que se convoque el debate en plenaria.

EN PROFUNDIDAD

Bogotá, 20 de febrero de 2026 – La decisión de impulsar una nueva moción de censura contra el ministro de Salud convierte la crisis del sistema sanitario en un pulso político directo entre la oposición y el Gobierno de Gustavo Petro. No se trata solo de cuestionar la gestión administrativa de una cartera, sino de disputar la narrativa sobre quién es responsable del deterioro en el acceso a medicamentos y qué tan viable es la transición que propone el Ejecutivo para transformar el modelo de aseguramiento.

Jennifer Pedraza anunció la radicación mientras el presidente intervenía en la Plaza de Bolívar, un gesto que buscó contrastar el discurso oficial con la situación que, según ella, enfrentan millones de usuarios. El documento acusa a Guillermo Alfonso Jaramillo de actuar con “displicencia e inoperancia” frente a una crisis que se expresa en tutelas, interrupciones de tratamientos y demoras en citas y entregas farmacéuticas.

Entre los respaldos iniciales figuran congresistas de distintas bancadas, lo que le da a la iniciativa un carácter transversal más allá de un solo partido. La solicitud estructura sus argumentos en cuatro ejes. El primero es el aumento sostenido de acciones judiciales por vulneración del derecho a la salud. Pedraza cita cifras de la Defensoría del Pueblo según las cuales cada dos minutos se interpone una tutela para acceder a servicios o medicamentos, un indicador que sugiere fallas persistentes en la garantía oportuna de la atención.

El segundo bloque apunta a la crisis de abastecimiento y continuidad en tratamientos, con énfasis en pacientes de alto costo. Allí se ubica el caso de Kevin Arley Acosta, un niño de siete años con hemofilia que, de acuerdo con la congresista, no recibió a tiempo los medicamentos requeridos y falleció. El episodio se convirtió en símbolo del impacto humano de las fallas del sistema y elevó el costo político de la discusión.

En contexto: “Si no se sube a la bicicleta, tiene menos riesgos”: Gustavo Petro sobre la muerte de Kevin Acosta

Un tercer frente cuestiona la dirección y el control del sistema bajo la actual administración. Pedraza sostiene que cerca de 23 millones de usuarios están afiliados a EPS intervenidas por el Gobierno, de los cuales alrededor de 15 millones pertenecen al régimen subsidiado, sin que los indicadores de oportunidad hayan mejorado de forma verificable. También menciona el deterioro financiero de entidades como Nueva EPS, cuya deuda habría crecido de cerca de 5 billones a unos 25 billones de pesos tras más de dos años de intervención, según cifras citadas por la oposición.

El cuarto eje se concentra en las declaraciones públicas del ministro frente a la muerte del menor y otros casos. Frases como “los ricos también lloran” fueron interpretadas por varios congresistas como revictimizantes y desconectadas del problema central del acceso a medicamentos. Más allá de la controversia puntual, el debate expone el peso político de la comunicación en medio de una crisis sectorial.

Este no es el primer intento de remover a Jaramillo. En 2024 enfrentó otro debate de moción de censura que no prosperó, en medio de negociaciones y recomposiciones de mayorías en la Cámara. Desde entonces, la reforma estructural a la salud promovida por el Gobierno ha polarizado al Congreso y al país. El Ejecutivo defiende que ha realizado una de las mayores inversiones históricas en el sector y que las intervenciones a las EPS buscan proteger a los usuarios. Sus críticos replican que el aumento de recursos no se traduce en mejoras tangibles para clínicas, hospitales y pacientes.

La mesa directiva de la Cámara debe verificar ahora que la solicitud cumpla los requisitos constitucionales y legales. Si Pedraza completa las 20 firmas exigidas, se convocará a un debate en plenaria en el que el ministro deberá responder uno a uno los cuestionamientos. Allí se medirá la correlación de fuerzas en un Congreso fragmentado, donde el Gobierno no siempre cuenta con mayorías automáticas.

La definición quedará en manos de bancadas que han oscilado entre el respaldo y la independencia frente al Ejecutivo. Si la moción no alcanza los votos necesarios, el ministro permanecerá en el cargo, pero el desgaste político podría intensificarse en un sector estratégico para la agenda gubernamental. Si prospera, el presidente tendría que designar un relevo en medio de una crisis abierta y de una reforma aún en disputa, una señal que reconfiguraría el equilibrio interno del gabinete y el rumbo inmediato de la política sanitaria.