EN SÍNTESIS

El presidente Gustavo Petro firmó el 19 de febrero de 2026 un nuevo decreto que fija el salario mínimo en 2 millones de pesos para ese año, con un aumento cercano al 23,7%. La decisión responde a la suspensión provisional del decreto anterior por parte del Consejo de Estado, que exigió mayor sustentación técnica. El Gobierno mantiene intacta la cifra y asegura haber incorporado estudios sobre productividad, inflación y salario vital para ajustarse a la Ley 278 de 1996. El tribunal deberá ahora evaluar si el nuevo acto cumple los requisitos legales.

EN PROFUNDIDAD

Bogotá, 19 de febrero de 2026 – La firma del nuevo decreto no modifica el monto del salario mínimo, pero sí redefine el terreno de la disputa institucional. El Gobierno optó por acatar la orden formal del Consejo de Estado, rehacer el acto administrativo y reforzar su motivación técnica, sin ceder un peso en la cifra anunciada a finales de 2025. Con esa jugada, la controversia deja de centrarse en si el incremento es políticamente viable y se concentra en si está jurídicamente blindado.

El nuevo decreto, expedido tras la suspensión provisional del anterior, desarrolla de manera separada los criterios que exige la Ley 278 de 1996. Según el Ejecutivo, ahora se detallan los indicadores de inflación del año previo, productividad laboral, participación de los salarios en el ingreso nacional, crecimiento del PIB y capacidad adquisitiva. Además, incorpora la noción de salario mínimo vital con respaldo en estudios técnicos y referencias a estándares internacionales, argumento que había sido cuestionado por los demandantes por considerarlo insuficientemente articulado con los parámetros legales.

¿QUE EXIGÍA EL TRIBUNAL?: La suspensión decretada a mediados de febrero no ordenó reducir el salario ni fijar una nueva cifra, sino rehacer el decreto con una justificación verificable. El alto tribunal advirtió que el acto anterior no explicaba con claridad cómo se ponderaron los criterios obligatorios ni cómo se integraba el concepto de salario vital dentro del marco normativo vigente. En respuesta, el presidente presentó el nuevo texto en un acto masivo en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, y reiteró que “ni un peso atrás” frente a los 2 millones.

En contexto: El Consejo de Estado suspende el aumento del 23% del salario mínimo

El origen del conflicto se remonta a diciembre de 2025, cuando el Gobierno fijó por decreto el salario mínimo para 2026 ante la falta de acuerdo en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. El aumento, el más alto en una sola vigencia en la historia reciente, fue celebrado por centrales sindicales y cuestionado por gremios empresariales como Fenalco, que advirtieron sobre su impacto en costos laborales, empleo formal y competitividad. Las demandas de nulidad se sustentaron en que el Ejecutivo habría privilegiado una visión redistributiva sin sustento técnico suficiente.

La discusión de fondo enfrenta dos planos. Por un lado, la Constitución consagra el derecho a un salario mínimo vital y móvil, lo que abre espacio a interpretaciones orientadas a garantizar que el ingreso cubra la canasta básica. Por otro, la ley establece un procedimiento con variables concretas que buscan equilibrar poder adquisitivo y sostenibilidad económica. El Consejo de Estado no cuestionó la finalidad social del aumento, sino la forma en que fue argumentado. La decisión reafirma que incluso políticas con amplio respaldo político deben cumplir estándares de motivación técnica estrictos.

El nuevo decreto también tiene implicaciones fiscales y regulatorias. En Colombia, múltiples pagos y obligaciones están indexados al salario mínimo, desde aportes a seguridad social hasta multas y contratos. Un incremento de esta magnitud impacta tanto a trabajadores formales como a empleadores y al propio Estado. La mayoría de los integrantes de la Comisión de Concertación terminó respaldando mantener la cifra, aunque con la condición de que el acto administrativo se ajustara rigurosamente a la ley.

La decisión ahora vuelve al Consejo de Estado, que deberá examinar si el Gobierno corrigió los vacíos advertidos y si la incorporación del salario vital opera como complemento y no como sustitución de los criterios legales. De su análisis dependerá no solo la estabilidad del aumento de 2026, sino el margen que tendrá el Ejecutivo en futuras fijaciones cuando no haya acuerdo tripartito. Petro convirtió el salario mínimo en una bandera política y social; el tribunal definirá hasta dónde esa bandera puede ondear dentro de los límites del ordenamiento jurídico.