EN SÍNTESIS

La Sala Especial de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia condena al exmagistrado y expresidente de ese alto tribunal José Leónidas Bustos Martínez a 10 años y 3 meses de prisión por su participación en el “cartel de la toga”. Lo declara responsable de cohecho propio en concurso con concierto para delinquir, le impone inhabilidad por el mismo término y una multa cercana a 133 millones de pesos. Ordena su captura inmediata y solicita circular roja de Interpol, ya que se encuentra fuera del país. También remite copias para extinción de dominio e investiga nuevos hechos ligados a otros procesos.

EN PROFUNDIDAD

Bogotá, 20 de Febrero de 2026 – La decisión marca el cierre judicial de uno de los capítulos más sensibles para la credibilidad de la justicia colombiana. Con la condena de José Leonadas Bustos Martínez, la Corte Suprema no solo sanciona a un exmagistrado, sino que completa el cuadro penal contra los principales integrantes de la red que, entre 2013 y 2017, convirtió decisiones judiciales en mercancía para congresistas investigados.

El fallo lo presenta como creador y miembro de una organización criminal que operó dentro del propio alto tribunal encargado de juzgar a aforados. Según la sentencia, desde su primera presidencia en 2012 empezó a estructurar un engranaje destinado a manipular expedientes, frenar órdenes de captura, dilatar actuaciones y orientar decisiones a cambio de pagos millonarios. La conducta fue calificada como cohecho propio en concurso con concierto para delinquir, con una pena de 123 meses y un día de prisión, inhabilidad para ejercer funciones públicas por el mismo término y una multa cercana a 133 millones de pesos.

La Corte dispuso su captura inmediata y solicitó a Interpol la expedición de una circular roja para lograr su detención internacional. Bustos es considerado prófugo y, de acuerdo con información que ha circulado en el proceso, se encontraría fuera del país. La condena lo coloca formalmente en esa condición y activa los mecanismos de cooperación judicial para su eventual localización y traslado a Colombia.

El entramado que ahora queda plenamente judicializado estalló en 2017, cuando se conocieron grabaciones y denuncias que involucraban al entonces fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno y a exmagistrados de la Corte Suprema en el cobro de sobornos a congresistas. A cambio de dinero, la red ofrecía archivar investigaciones, influir en la asignación de ponencias o frenar medidas de aseguramiento. Entre los aforados mencionados o vinculados a la trama figuraron el exsenador Musa Besaile, el exsenador Álvaro Ashton y el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, este último convertido en testigo clave tras su cooperación con autoridades.

Las confesiones de Moreno y las decisiones previas contra otros exmagistrados, como Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino, consolidaron el marco probatorio que desembocó en la sentencia contra Bustos. En el tránsito institucional, su caso pasó por la Comisión de Acusación de la Cámara, el Senado y finalmente la Sala Especial de Juzgamiento, creada para procesar a aforados, donde se desarrollaron audiencias públicas durante 2024 y 2025.

El impacto institucional del cartel de la toga fue profundo. La propia sentencia habla de un perjuicio reputacional incalculable para la Corte Suprema, al demostrar que la cúspide del órgano encargado de juzgar a congresistas podía ser permeada por intereses ilegales. La revelación de que magistrados vendían decisiones debilitó la confianza en la imparcialidad del sistema penal y abrió un debate sobre los mecanismos de selección, control disciplinario y juzgamiento de altos dignatarios.

La decisión también ordena remitir copias a la Fiscalía para estudiar la procedencia de la extinción de dominio sobre bienes de Bustos, bajo la hipótesis de que habrían sido adquiridos como resultado de su participación en la red. Además, compulsó copias para investigar posibles nuevos hechos de corrupción relacionados con procesos de Julio Gallardo Archbold y del propio Lyons, lo que podría ampliar el alcance penal del escándalo.

El mensaje institucional es doble. Por un lado, confirma que incluso quienes ocuparon las más altas dignidades judiciales pueden ser condenados. Por otro, exhibe las demoras y vacíos que caracterizan el juzgamiento de aforados, un punto que ha alimentado críticas históricas a la Comisión de Acusación y a la arquitectura del fuero.

La ejecución de la orden de captura será la prueba más visible de la eficacia del sistema. Si las autoridades logran ubicarlo y materializar su traslado al país, la condena dejará de ser simbólica y pasará a cumplirse en términos reales. Si permanece fuera del alcance de la justicia, el caso seguirá tensionando la discusión sobre la capacidad del Estado para hacer efectivas sus propias decisiones frente a quienes alguna vez concentraron poder en la cima del aparato judicial.