EN SÍNTESIS

Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y precandidato presidencial para 2026, denuncia ante la Procuraduría General de la Nación al actual alcalde, Federico “Fico” Gutiérrez, por presunta participación indebida en política. Lo acusa de usar la Alcaldía para favorecer la campaña al Senado de su hermana, Juliana Gutiérrez, del movimiento Creemos, mediante recursos oficiales, visibilidad institucional y supuestas presiones a contratistas. Quintero sostiene que debe aplicarse el mismo criterio con el que él fue sancionado por apoyar a Gustavo Petro en 2022. La entidad disciplinaria deberá decidir si abre investigación en plena coyuntura preelectoral.

EN PROFUNDIDAD

Medellín, 19 de febrero de 2026 – La denuncia representa un nuevo capítulo de una rivalidad que desbordó la política local y ya se proyecta hacia la presidencial de 2026. Daniel Quintero instala ante la Procuraduría un debate que toca directamente la prohibición de participar en política desde un cargo público. Lo hace con un mensaje dirigido tanto a la autoridad disciplinaria como a la opinión nacional, siendo su argumento central la exigencia de coherencia institucional tras haber sido suspendido y sancionado, cuando era alcalde, por respaldar en redes sociales la candidatura de Gustavo Petro.

El señalamiento apunta a Federico Gutiérrez, actual mandatario de Medellín, a quien acusa de usar la estructura municipal para impulsar la aspiración al Senado de su hermana, Juliana Gutiérrez, vinculada al movimiento Creemos. Según el documento radicado, la administración estaría facilitando escenarios, vehículos e infraestructura para actividades proselitistas, además de mezclar símbolos institucionales con elementos de campaña. También se mencionan testimonios de ciudadanos y contratistas que hablan de presuntas presiones para respaldar esa candidatura e incluso de exigencias económicas ligadas al apoyo electoral.

La Procuraduría General de la Nación es la autoridad competente para investigar disciplinariamente a alcaldes por este tipo de conductas. En el pasado reciente abrió proceso contra el propio Quintero por el mensaje “el cambio en primera”, difundido durante la campaña presidencial de 2022, al considerar que constituía intervención en política. Esa decisión, que derivó en su suspensión temporal, es el antecedente que ahora sirve de comparación y que el exmandatario invoca como parámetro.

El choque ocurre en un momento de alta sensibilidad electoral. Quintero se mueve como precandidato presidencial cercano al petrismo, mientras Gutiérrez, quien ya compitió por la Casa de Nariño en 2022, conserva proyección nacional y lidera nuevamente la Alcaldía para el periodo 2024–2027. La aspiración de su hermana al Congreso añade un componente familiar que eleva el costo político de cualquier actuación disciplinaria.

La confrontación entre ambos no empezó con esta denuncia. Durante la última década han protagonizado disputas públicas y judiciales que incluyen acusaciones sobre presuntos vínculos con estructuras criminales, cuestionamientos por nombramientos en seguridad y denuncias por viajes y actuaciones administrativas. Cada episodio ha reforzado la narrativa de que Medellín es el escenario de una pugna más amplia entre proyectos políticos antagónicos.

En el plano estructural, la figura de participación indebida en política es uno de los puntos más controvertidos del régimen disciplinario colombiano. La Constitución prohíbe que funcionarios elegidos utilicen su investidura para favorecer campañas, pero la frontera entre opinión, control político y proselitismo no siempre es nítida. Además, decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han cuestionado la facultad de órganos administrativos para imponer sanciones que afecten derechos políticos, lo que mantiene el tema bajo debate jurídico.

Ese trasfondo convierte la actuación de la Procuraduría en un factor decisivo. Si abre indagación preliminar y avanza hacia la formulación de cargos, el proceso impactará la agenda nacional y podría alterar el equilibrio político en Antioquia. Si, por el contrario, archiva o no encuentra mérito suficiente, Quintero utilizará esa determinación para reforzar su tesis de trato desigual.

Más allá de las camisetas, vallas o actos públicos señalados, lo que está en juego es la credibilidad del árbitro disciplinario en un año preelectoral. La disputa no solo define la relación entre dos dirigentes que aspiran a incidir en la carrera presidencial, también reabre el debate sobre los límites del poder administrativo frente a los derechos políticos. En ese cruce entre derecho y estrategia electoral, la Procuraduría vuelve a ocupar el centro de la contienda.