EN SÍNTESIS

El economista y precandidato presidencial Juan Daniel Oviedo reaccionó al llamado del presidente Gustavo Petro a marchar en defensa del salario mínimo 2026, luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el decreto que lo fijó en 2 millones de pesos. Oviedo afirmó que el salario no va a bajar, pero pidió al Gobierno actuar con disciplina técnica y jurídica para sustentar el incremento ante el alto tribunal. Señaló que, al haberse expedido por decreto tras fracasar la concertación, el Ejecutivo debe construir una defensa sólida basada en los criterios legales, en lugar de limitar la respuesta a la movilización social.

EN PROFUNDIDAD

Bogotá, 19 de febrero de 2026 – El choque no gira únicamente en torno a la cifra de 2 millones de pesos, sino al método utilizado para fijarla y a la forma en que el Ejecutivo enfrenta el control judicial. La intervención de Juan Daniel Oviedo instala el debate en el terreno institucional. Reconoce la legitimidad política de aumentar el ingreso de los trabajadores, pero advierte que, cuando el ajuste se adopta por decreto ante la falta de acuerdo en la mesa tripartita, la carga argumentativa recae plenamente sobre el Gobierno.

La controversia se originó con el decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, mediante el cual el presidente Gustavo Petro fijó el salario mínimo para 2026 con un incremento cercano al 23%. La decisión se produjo después de que la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales no lograra consenso entre Ejecutivo, empresarios y sindicatos. La Ley 278 de 1996 permite al Gobierno decretar el aumento en ausencia de acuerdo, pero le exige motivarlo con base en inflación, productividad, participación de los salarios en el ingreso nacional y crecimiento del PIB.

Varias demandas de nulidad, entre ellas la presentada por la Federación Nacional de Comerciantes, cuestionaron que el decreto se hubiera sustentado principalmente en la noción de “salario vital”, apoyada en cálculos de la OIT sobre el ingreso necesario para superar la pobreza, y no en los parámetros previstos por la ley. El 13 de febrero de 2026, el Consejo de Estado decretó la suspensión provisional del acto administrativo mientras estudia el fondo del caso, al considerar que podrían haberse desconocido los criterios legales obligatorios.

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La decisión abrió un frente político inmediato. Petro convocó movilizaciones para defender lo que denomina el “salario mínimo vital” y presentó la suspensión como un golpe a los trabajadores. En su narrativa, el debate trasciende lo técnico y se ubica en el terreno de la justicia social. El mandatario anunció que saldrá a las plazas públicas para respaldar el incremento y que expedirá un nuevo decreto que mantenga el monto.

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Oviedo, en un mensaje publicado en la red social X, introdujo un matiz distinto. Sostuvo que el salario no se reducirá mientras se corrige la motivación del decreto, y afirmó que la institucionalidad está operando. Al mismo tiempo, le pidió al presidente “estudiar con disciplina” y preparar una defensa robusta ante el Consejo de Estado. Su planteamiento no niega la dimensión social del aumento, pero desplaza el foco hacia la necesidad de argumentación técnica y jurídica sólida.

El punto de fricción es claro. Para el economista, la movilización puede expresar respaldo político, pero no sustituye la obligación de demostrar que el incremento cumple los parámetros legales. La suspensión no cuestiona el objetivo de mejorar los ingresos, sino la forma en que se justificó el acto administrativo. En ese sentido, el debate enfrenta dos estrategias. Una apuesta por reforzar el apoyo en la calle; la otra insiste en blindar el decreto con sustento técnico.

En paralelo, gremios empresariales han manifestado preocupación por el impacto del aumento en el empleo formal y en las micro y pequeñas empresas, mientras sindicatos respaldan el ajuste por considerarlo necesario para recuperar poder adquisitivo. La discusión combina así dimensiones económicas, jurídicas y simbólicas. El Consejo de Estado deberá resolver si el Ejecutivo puede priorizar el concepto de salario vital como eje central sin una reforma legal que modifique los criterios vigentes.

En el corto plazo, el escenario más probable es la expedición de un nuevo decreto que mantenga el monto, pero con una motivación reforzada que incorpore explícitamente inflación, productividad y crecimiento. El proceso de nulidad seguirá su curso y podría tardar meses en una decisión definitiva. De ese fallo dependerá el margen que tengan futuros gobiernos para impulsar incrementos por encima de los referentes tradicionales.

La intervención de Oviedo también tiene una lectura electoral. Al posicionarse como defensor del aumento dentro del marco institucional, intenta ocupar un espacio intermedio entre el discurso movilizador del Gobierno y la crítica estrictamente empresarial. Su mensaje apunta a construir una imagen de rigor técnico con sensibilidad social, en un momento en que la relación entre política pública y control judicial se convierte en uno de los ejes del debate nacional.