EN SÍNTESIS

El caso del niño Kevin Acosta, fallecido en febrero tras sufrir una hemorragia asociada a su hemofilia A severa, escaló de una controversia sanitaria a un choque político entre la candidata presidencial Vicky Dávila y el exembajador Camilo Romero. Dávila acusó al gobierno de Gustavo Petro de haber “asesinado” al menor por la falta de suministro del medicamento a través de Nueva EPS, entidad intervenida por el Estado. Romero cuestionó el uso electoral del caso. Mientras avanzan investigaciones sobre eventuales fallas en la atención, el episodio se instala como símbolo del debate sobre la responsabilidad estatal en la crisis del sistema de salud y como eje de confrontación anticipada hacia 2026.

EN PROFUNDIDAD

Bogotá, 17 de febrero de 2026 – Lo que comenzó como una denuncia por la interrupción de un tratamiento médico se convirtió en un campo de batalla electoral. El cruce entre Vicky Dávila y Camilo Romero no es solo un intercambio en redes sociales, sino la expresión de una disputa más amplia por el relato político en torno a la muerte de Kevin Acosta y, por extensión, sobre la gestión del sistema de salud bajo el gobierno de Gustavo Petro.

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Dávila, periodista y hoy aspirante a la Presidencia, sostuvo que el Ejecutivo es responsable directo del fallecimiento porque Nueva EPS, intervenida por la Superintendencia de Salud desde 2024, no habría garantizado el suministro continuo del medicamento Emicizumab que el menor requería para prevenir hemorragias. En sus mensajes calificó al gobierno como corrupto y afirmó que la omisión en la entrega del fármaco equivale a un “asesinato”.

Romero, exgobernador de Nariño y figura del mismo espectro ideológico, respondió cuestionando la instrumentalización política de una tragedia familiar. Su dilema es evidente. Si marca distancia de las declaraciones del presidente y del MinSalud, corre el riesgo de fracturar la base que lo identifica con el continuismo. Si los respalda sin matices, asume el costo de quedar asociado a una narrativa de negligencia estatal que ya es utilizada por la oposición como emblema de campaña.

Tras la respuesta de Romero, la periodista interpeló públicamente a al militante del Pacto por haber sido embajador del Gobierno Petro -Según ella, el Gobierno que asesinó a Kevin Acosta- y por respaldar el proyecto progresista, forzándolo a posicionarse frente a la acusación.

En el centro del debate está la cadena de hechos que precedió a la muerte. Según la madre del niño, el tratamiento profiláctico se interrumpió en diciembre de 2025 tras un cambio de IPS contratado por Nueva EPS. Desde entonces, asegura, no se le volvió a suministrar el medicamento pese a múltiples gestiones. El menor sufrió una caída en bicicleta semanas después y presentó una hemorragia que terminó siendo fatal. La EPS ha sostenido que cumplió con entregas hasta diciembre y que el deceso obedeció principalmente a un trauma craneoencefálico. Las autoridades investigan si la falta de profilaxis agravó el desenlace y si hubo fallas en la continuidad del servicio.

El gobierno, por su parte, defendió que ha girado recursos oportunamente a las EPS intervenidas y subrayó que el accidente fue el factor desencadenante. Declaraciones del ministro de Salud y del propio presidente, en las que enfatizaron la responsabilidad familiar en el cuidado de un paciente con hemofilia, provocaron críticas de la Defensoría del Pueblo por considerar que podían revictimizar a la madre. Esa reacción institucional añadió una dimensión ética al debate y amplificó la controversia.

El trasfondo es estructural. La administración Petro impulsa una reforma que busca modificar el modelo de aseguramiento y ha intervenido varias entidades por problemas financieros y operativos. Las quejas por demoras en medicamentos de alto costo y por barreras administrativas han aumentado en el último año, según reportes de organismos de control. En ese contexto, la muerte de Kevin condensa las tensiones entre la promesa de fortalecer el control estatal y las dificultades prácticas de garantizar continuidad en tratamientos complejos durante procesos de transición contractual.

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El intercambio entre Dávila y Romero también anticipa la configuración del escenario electoral de 2026. Para la oposición, el caso simboliza la tesis de un Estado ineficiente cuya intervención directa no ha resuelto las fallas del sistema. Para el progresismo, el riesgo es que una tragedia individual sea utilizada para desacreditar de manera global una agenda de reforma que aún se encuentra en disputa legislativa y administrativa.

Las investigaciones en curso serán determinantes. Si se establece que la interrupción del medicamento fue decisiva y atribuible a omisiones bajo intervención estatal, el costo político podría ampliarse y consolidar el episodio como hito de campaña. Si, en cambio, los peritajes concluyen que el desenlace no dependía de la profilaxis o que la responsabilidad fue compartida entre varios niveles del sistema, el gobierno intentará desactivar la acusación de responsabilidad directa. Más allá de los resultados judiciales, el caso ya modificó el tono del debate sanitario y evidenció cómo una crisis médica puede redefinir alianzas, narrativas y estrategias en la carrera presidencial.