EN SÍNTESIS

La policía del Valle del Támesis arrestó el pasado 19 de febrero de 2026 a Andrew Mountbatten-Windsor, más conocido como el príncipe Andrés, por estar bajo sospecha de “misconduct in public office”, hechos vinculados a su etapa como enviado especial de comercio del Reino Unido. La detención se produce en Wood Farm, en Sandringham, Norfolk, y se enmarca en una investigación que incluye registros en propiedades de Norfolk y Berkshire. El eje es determinar si compartió información oficial con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein. No hay cargos formales y la Fiscalía de la Corona decidirá si acusa tras revisar las pruebas.

EN PROFUNDIDAD

Norfolk, 19 de febrero de 2026 – El foco de la investigación está en el desempeño del príncipe como enviado especial de comercio e inversiones del Reino Unido, cargo que ejerció desde comienzos de la década de 2000 con la misión de promover intereses económicos británicos en el exterior. En esa calidad actuaba como funcionario público a efectos legales, un elemento central para evaluar la posible comisión del delito que ahora se examina.

El escandalo empieza tras la publicación en Estados Unidos de millones de documentos asociados a Epstein, conocidos como “Epstein files”. Entre ese material figuran correos electrónicos de 2010 que muestran que, tras recibir reportes oficiales sobre viajes institucionales, Andrew los reenvió a Epstein pocos minutos después. En uno de los intercambios describe un archivo como “un brief confidencial” sobre oportunidades de inversión en la provincia afgana de Helmand, donde estaban desplegadas tropas británicas, y solicita comentarios y sugerencias sobre posibles interesados.

La cuestión central es si ese intercambio de información oficial con un particular ajeno a la estructura del Estado constituye un abuso de la confianza pública depositada en su cargo. El delito de “misconduct in public office”, figura del common law británico, exige probar que el acusado era funcionario público, que actuaba como tal, que incurrió deliberadamente en una conducta impropia grave y que esa conductarepresentó una traición a la confianza ciudadana.

La policía trabaja en coordinación con fiscales especializados de la Fiscalía de la Corona, que deberá determinar si el material incautado y las comunicaciones conocidas alcanzan el umbral probatorio necesario para formular cargos. Por ahora no existe acusación formal y la investigación se encuentra en fase de recopilación y análisis de pruebas documentales y digitales.

El trasfondo de este episodio se remonta a la relación personal entre el Príncipe y Epstein, un financiero estadounidense condenado en 2008 por delitos sexuales relacionados con menores. Aunque esa condena ya era pública cuando se produjeron algunos de los correos ahora examinados, la magnitud del vínculo no generó entonces consecuencias penales. El escrutinio se intensificó en 2019, cuando Virginia Giuffre lo acusó de abusos sexuales cometidos cuando ella era menor. La entrevista concedida ese año a la BBC dañó gravemente su posición institucional y derivó en su retirada de la vida pública.

En 2022 alcanzó un acuerdo económico extrajudicial con Giuffre en Estados Unidos, sin admitir responsabilidad, y perdió honores militares y el tratamiento de “Su Alteza Real”. Desde entonces es referido oficialmente como Andrew Mountbatten-Windsor y no desempeña funciones oficiales.

El nuevo frente judicial no se centra en acusaciones de carácter sexual sino en el posible uso indebido de información gubernamental. El grupo republicano británico Republic presentó una denuncia ante la policía del Valle del Támesis tras la divulgación de los documentos en 2025 y comienzos de 2026. Entre el 9 y el 11 de febrero de este año, la fuerza confirmó que evaluaba las alegaciones junto con fiscales especializados. Una semana después anunció el arresto.

Desde el Palacio de Buckingham, fuentes citadas por la prensa señalaron que el rey Carlos III está dispuesto a que la Casa Real coopere con las autoridades si se le requiere y subrayaron que la ley debe seguir su curso. Andrew ya había rechazado en el pasado acusaciones de conducta impropia vinculadas a su relación con Epstein y manifestó que lamentaba ese vínculo, aunque no ha respondido públicamente a las revelaciones más recientes.

Las acusaciones sitúan la posibilidad de que un funcionario con responsabilidades internacionales compartiera información oficial con un delincuente sexual condenado, un señalamiento que, de comprobarse, supondría un incumplimiento grave de deberes públicos y un uso indebido de recursos del Estado. La investigación se da en un contexto de creciente exigencia de rendición de cuentas hacia las élites políticas y económicas, así como en una discusión más amplia sobre el papel de la monarquía en un sistema democrático.

En el corto plazo, la policía deberá concluir los interrogatorios y los registros para remitir su informe a la Fiscalía. Si los fiscales consideran que la evidencia es suficiente, podrían presentar una acusación formal que llevaría el caso ante los tribunales. De lo contrario, la investigación podría cerrarse sin cargos, con consecuencias principalmente reputacionales.

La decisión de la Fiscalía será determinante no solo para el futuro judicial de el principe Andrew sino también para el alcance del mensaje institucional que se desprenda del proceso. En juego no está únicamente la conducta individual de un antiguo representante comercial del Estado, sino la capacidad del sistema británico para someter a escrutinio penal a figuras situadas en la cúspide del poder cuando existen indicios de que pudieron vulnerar la confianza pública.