EN SÍNTESIS

El presidente Gustavo Petro y el registrador nacional Hernán Penagos protagonizan un choque público por la forma de diligenciar los formularios E-14 y por el rol de Thomas Greg & Sons en el software electoral de 2026. Petro pide que no haya casillas en blanco y exige auditorías profundas al sistema tecnológico, al que califica de riesgoso. Penagos defiende dejar vacíos los espacios sin votos por razones técnicas y reivindica la autonomía de la Registraduría. El Centro Democrático anunció denuncias ante la Procuraduría, trasladando la controversia al terreno disciplinario.

EN PROFUNDIDAD

Bogotá, 19 de febrero de 2026 – Lo que está en disputa no es solo una instrucción técnica sobre cómo llenar un formulario, sino la autoridad sobre las reglas del juego electoral y la confianza en la infraestructura que soportará las votaciones de 2026. El intercambio entre el jefe de Estado y el registrador convirtió un procedimiento administrativo en un pulso político que expone tensiones acumuladas entre el Ejecutivo y la organización electoral.

El detonante inmediato fue la directriz pedagógica de la Registraduría según la cual los jurados deben dejar en blanco las casillas de partidos o candidatos que no reciban votos en el formulario E-14. Penagos sostuvo que esa práctica se ha aplicado durante años, incluida la presidencial de 2022, y que busca evitar tachones o marcas que dificulten el escaneo y la transmisión de datos. Recordó además que el E-14 es un instrumento de preconteo y soporte del escrutinio, mientras que los resultados con efectos jurídicos se consolidan en las comisiones escrutadoras con base en actas y verificación de testigos.

Petro leyó esa instrucción desde otra óptica. En varios mensajes públicos afirmó que no deben existir espacios sin diligenciar porque podrían llenarse después de manera irregular. Vinculó ese riesgo con el hecho de que el software de transmisión y cómputo está en manos de Thomas Greg & Sons, empresa que también ha manejado contratos de identificación y pasaportes. A su juicio, la concentración de funciones críticas en un mismo conglomerado crea un “peligro de corrupción” que exige auditorías independientes y revisión del modelo de contratación.

Penagos respondió con una defensa frontal de la autonomía institucional. Aseguró que nadie puede indicarle a la Registraduría cómo organizar las elecciones y rechazó la idea de que exista un superior funcional que imponga lineamientos desde el Ejecutivo.

Petro replicó que la Constitución y la ley sí delimitan la actuación de la entidad y que el control democrático incluye cuestionar protocolos cuando se perciben riesgos para el voto libre.

La controversia se amplificó cuando el Centro Democrático acusó al presidente de incitar a desobedecer a la autoridad electoral y anunció acciones ante la Procuraduría por posible perturbación del certamen democrático. Con ello, el debate dejó de ser exclusivamente técnico y entró en el terreno disciplinario y penal, elevando el costo político de cada declaración.

El trasfondo no es nuevo. Desde 2023 el Gobierno ha confrontado a Thomas Greg & Sons por el contrato de pasaportes y por la concentración de servicios relacionados con datos sensibles. En 2025, la Registraduría adjudicó la logística integral de las elecciones 2025-2026 a una unión temporal liderada por esa firma, en un proceso en el que terminó como única oferente habilitada para un contrato que supera los 2 billones de pesos. Esa decisión reactivó cuestionamientos sobre dependencia tecnológica y competencia real en la contratación.

Expertos y organizaciones como la Misión de Observación Electoral han intentado separar planos. Por un lado, advierten que llenar con marcas todas las casillas vacías podría generar problemas de legibilidad similares a los observados en 2022, cuando tachones complicaron la digitalización. Por otro, reconocen que auditar el software y transparentar procesos puede fortalecer la credibilidad del sistema, siempre que se haga sin convertir cada ajuste técnico en una disputa partidista.

El formulario E-14 ocupa un lugar sensible porque es el primer registro público de los resultados de cada mesa. Aunque no define por sí mismo la declaratoria oficial de electos, cualquier inconsistencia entre ese documento y el escrutinio posterior alimenta sospechas. En un clima de polarización, la combinación de dudas sobre formularios, proveedores tecnológicos y manejo de datos puede erosionar la percepción de imparcialidad incluso antes de que se abran las urnas.

La Procuraduría deberá decidir si las declaraciones del presidente constituyen una extralimitación o están amparadas por la libertad de expresión política. Al mismo tiempo, la Registraduría enfrenta el reto de reforzar pedagogía y explicar con mayor detalle cómo se garantiza que las casillas en blanco no puedan alterarse y qué controles existen sobre el software contratado.

El desenlace dependerá de dos variables que hoy están abiertas. De un lado, si se acuerdan auditorías adicionales que reduzcan la tensión sin modificar a última hora los instructivos para jurados. De otro, si el debate se convierte en eje de campaña y condiciona la aceptación de los resultados. La credibilidad del sistema electoral quedará atada a la capacidad de las instituciones para demostrar, con datos verificables y supervisión efectiva, que las reglas se aplican igual para todos.