EN SÍNTESIS

El Congreso de la República eligió este 18 de febrero de 2026 a José María Balcázar, de 83 años y postulado por Perú Libre, como nuevo presidente interino del Perú. Su designación se produjo un día después de que el Parlamento destituyera mediante moción de censura a José Jerí, quien llevaba cuatro meses en el cargo y enfrentaba investigaciones por presunto tráfico de influencias y otras denuncias. Balcázar obtuvo entre 60 y 64 votos en segunda vuelta frente a María del Carmen Alva. Por sucesión constitucional, la presidencia del Congreso lo convierte automáticamente en jefe de Estado hasta el 28 de julio, tras las elecciones generales del 12 de abril.

EN PROFUNDIDAD

Lima, 18 de febrero de 2026 – La elección de José María Balcázar como presidente del Congreso y, por esa vía, como jefe de Estado interino, reconfigura el mapa político peruano a menos de dos meses de las elecciones generales previstas para el 12 de abril. El relevo no responde a una alternancia surgida de las urnas, sino a una nueva recomposición del poder dentro del Parlamento, que el martes 17 de febrero censuró al entonces mandatario interino José Jerí con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones.

Jerí, de 39 años, había asumido en octubre de 2025 tras la destitución de la presidenta Dina Boluarte. Su paso por la jefatura del Estado fue breve y accidentado. En cuatro meses acumuló siete mociones de censura impulsadas por distintas bancadas. Las acusaciones incluyeron presuntas reuniones informales y nocturnas con empresarios chinos vinculados a contratos estatales, posibles favorecimientos en la contratación de nueve funcionarias y la reactivación de un caso de presunto abuso sexual. La Fiscalía abrió investigaciones por presunto tráfico de influencias, lo que erosionó rápidamente su respaldo político.

El Parlamento quedó obligado a elegir una nueva Mesa Directiva. En ese proceso, María del Carmen Alva, de Acción Popular, partía como favorita. Sin embargo, en la primera votación ninguna lista alcanzó la mayoría simple requerida. En la segunda vuelta, Balcázar logró imponerse con alrededor de 60 votos frente a 46 de Alva, gracias al apoyo de bancadas de izquierda y sectores que se distanciaron del fujimorismo.

Balcázar, postulado por Perú Libre, partido que llevó a Pedro Castillo a la presidencia en 2021, representa para la agrupación una oportunidad de recuperar centralidad tras la caída y posterior condena de Castillo. Desde la bancada se ha presentado su elección como una corrección frente a la línea de Jerí. En cambio, sectores de derecha y centro han expresado preocupación por el peso político de un dirigente vinculado al partido que protagonizó uno de los episodios más críticos de la reciente historia institucional.

La llegada de Balcázar a Palacio de Gobierno convierte a Perú en el octavo presidente en una década. El ciclo de inestabilidad se aceleró en diciembre de 2022, cuando Pedro Castillo intentó disolver el Congreso y gobernar por decreto. El Parlamento lo destituyó y asumió la vicepresidenta Dina Boluarte, cuyo mandato estuvo marcado por protestas y cuestionamientos por violaciones a derechos humanos. Tras su salida en 2025, Jerí encarnó una transición que terminó abruptamente bajo sospechas similares de uso indebido del poder.

Este patrón revela un rasgo estructural del sistema político peruano. Un Congreso con amplias facultades para censurar y remover, frente a un Ejecutivo debilitado por la fragmentación partidaria. La moción de censura, concebida como mecanismo de control, se ha convertido en una herramienta habitual para redefinir mayorías y alterar la conducción del Estado desde el Parlamento. El resultado es una presidencia formalmente fuerte en el diseño constitucional, pero frágil en términos políticos y sujeta a vaivenes legislativos.

Balcázar asume con un mandato acotado. Su responsabilidad central será garantizar la continuidad institucional, coordinar con los organismos electorales la organización de los comicios del 12 de abril y entregar el poder el 28 de julio al presidente electo. En la agenda inmediata figura la designación de un gabinete que genere mínimos consensos en un Congreso polarizado y la contención de eventuales tensiones sociales en plena campaña.

El contexto no es menor. La sucesión constante de mandatarios ha afectado la estabilidad de las políticas públicas y la gestión económica. Cada relevo implica cambios de equipos y prioridades, lo que retrasa reformas y genera incertidumbre entre inversionistas y gobiernos regionales. A nivel social, el desgaste acumulado se traduce en desconfianza hacia las instituciones y en una ciudadanía que ha protagonizado protestas masivas en los últimos años.

En el corto plazo, el escenario más probable es que Balcázar complete la transición sin sobresaltos mayores, evitando decisiones de alto costo político y concentrándose en la administración del proceso electoral. Si logra mantener una relación funcional con la mayoría parlamentaria que hoy lo respalda, la entrega del mando podría realizarse en los plazos previstos.

Sin embargo, la fragilidad del equilibrio legislativo abre la posibilidad de nuevos bloqueos o tensiones entre bancadas que limiten su margen de maniobra. Una escalada de conflictos podría debilitar aún más la autoridad del Ejecutivo interino y alimentar cuestionamientos sobre la neutralidad del gobierno durante la campaña.

Más allá del desenlace inmediato, la reiteración de cambios presidenciales vuelve a colocar en el centro el debate sobre la relación entre Congreso y Ejecutivo. La discusión sobre eventuales reformas que redefinan las facultades de censura o los mecanismos de sucesión podría ganar fuerza tras las elecciones. La estabilidad del próximo gobierno dependerá no solo del resultado en las urnas, sino de su capacidad para tejer acuerdos en un sistema que, en la última década, ha demostrado su tendencia a resolver las crisis políticas desde el hemiciclo y no desde el voto ciudadano.