EN SÍNTESIS

El candidato presidencial colombiano Daniel Palacios envió hoy 19 de enero de 2026 una carta a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, solicitando que el Departamento de Justicia investigue al senador y también aspirante Iván Cepeda Castro por presuntos vínculos con las extintas FARC. La petición se basa en menciones de Cepeda en los computadores incautados a Raúl Reyes tras la Operación Fénix de 2008. Palacios sostiene que esos archivos podrían evidenciar coordinación de actividades políticas favorables a la guerrilla y pide evaluar si Cepeda debe ser considerado persona de interés en el proceso por narcoterrorismo contra Nicolás Maduro. La controversia irrumpe en plena campaña presidencial y reactiva un debate histórico sobre la validez de esa evidencia.

EN PROFUNDIDAD

Bogotá/Washington, 19 de febrero de 2026 – Palacios enmarca su gestión como un acto de cooperación internacional contra el narcoterrorismo y como un intento por esclarecer lo que denomina “Farcpolítica”. En la carta sugiere que, si la evidencia lo respalda, Cepeda sea incluido como eventualmente imputado dentro de los procesos que Estados Unidos adelanta contra Nicolás Maduro y otros funcionarios venezolanos por narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína. También ofrece colaboración para coordinar con autoridades colombianas e Interpol el acceso a los archivos originales.

El episodio se vincula a un caso emblemático del conflicto armado. El 1 de marzo de 2008, en la Operación Fénix, fuerzas colombianas bombardearon un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano y dieron de baja a Luis Édgar Devia, alias Raúl Reyes. En el operativo fueron incautados computadores y dispositivos que, según Interpol, conservaron su integridad técnica tras el análisis forense. Sin embargo, en Colombia se abrió una disputa sobre su utilización en procesos penales internos y sobre la cadena de custodia.

Desde entonces, dirigentes del uribismo citaron correos de la los dispositivos incautados para denunciar una supuesta red de apoyos civiles a la guerrilla, similar a lo ocurrido en la parapolítica que sí concluyo en condenas judiciales. Entre los documentos citados en debates públicos figura un mensaje en el que se mencionaría la coordinación de marchas internacionales del 6 de marzo de 2008, movilizaciones que sectores de derecha interpretaron como funcionales al discurso insurgente. Cepeda ha negado que esas referencias configuren un vínculo criminal y ha defendido su actuación como parte de su trabajo en derechos humanos y oposición democrática.

En 2014, durante un enfrentamiento político en el Senado entre Álvaro Uribe e Iván Cepeda, las supuestas pruebas reaparecieron en la discusión pública. La justicia colombiana no abrió un proceso penal contra el senador por esos hechos y la Corte Suprema terminó investigando a Uribe por manipulación de testigos en un caso distinto. Para Cepeda y sectores del petrismo, las acusaciones actuales reproducen una estrategia de persecución política.

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El movimiento de Palacios introduce un elemento adicional al situar el debate en el plano internacional. El 26 de marzo de 2020 el Departamento de Justicia presentó una acusación formal contra Nicolás Maduro y otros altos funcionarios venezolanos por narcoterrorismo, señalando una alianza con las FARC para enviar cocaína a Estados Unidos. Tras la captura de Maduro en enero de 2026, la acusación fue actualizada y volvió a ocupar titulares internacionales. En ese expediente, los vínculos entre el régimen venezolano y la guerrilla son descritos como parte de una estructura criminal de largo plazo.

Palacios argumenta que, si los archivos de Reyes ya fueron valorados como evidencia en territorio estadounidense dentro del caso contra Maduro, podrían servir para examinar posibles responsabilidades de terceros mencionados en esos documentos. Su apuesta consiste en trasladar una controversia interna a un escenario judicial extranjero con mayor margen para usar esa prueba digital.

El trasfondo es una disputa más amplia sobre la narrativa del conflicto armado y la legitimidad de actores políticos que promovieron el diálogo con la insurgencia. La figura de Cepeda, senador de izquierda y defensor de víctimas, ha sido central en investigaciones sobre paramilitarismo y violaciones de derechos humanos, lo que lo ha convertido en blanco de señalamientos por parte de sectores opositores. La controversia sobre los computadores sintetiza tensiones sobre la validez de la evidencia obtenida en operaciones militares transfronterizas y el uso político de archivos incautados en guerra.

En un futuro proximo, la carta probablemente funcionará como insumo discursivo en la campaña presidencial, independientemente de la respuesta que adopte el Departamento de Justicia. Cepeda y sus aliados podrían acudir a acciones políticas o judiciales si consideran que las acusaciones afectan su reputación. En el plano jurídico, un escenario posible es una revisión técnica de los archivos en el marco del proceso contra Maduro, sin que ello implique cargos formales contra el senador. Un escenario más incierto sería la apertura de una investigación preliminar, con consecuencias diplomáticas y electorales de alto impacto.

Más allá de la decisión que adopten las autoridades estadounidenses, el episodio reaviva un debate que atraviesa la política colombiana desde hace casi dos décadas, la relación entre justicia, memoria del conflicto y competencia electoral en un país que aún discute cómo interpretar su pasado reciente.