EN SÍNTESIS

La campaña presidencial de Abelardo de la Espriella implementará un atril blindado en todos sus actos públicos luego recibir el pasado 10 de febrero una llamada anónima que alertó sobre una presunta “escalada terrorista” del ELN contra el candidato y las sedes de su movimiento en nueve ciudades, entre ellas Bogotá, Cali y Medellín. El aspirante ya utilizó el dispositivo el 18 de febrero en Villavicencio, bajo un esquema reforzado de seguridad. La denuncia está en manos de la Fiscalía y los organismos de inteligencia. La medida se da en un contexto de amenazas a figuras de derecha y tras el asesinato de Miguel Uribe Turbay en 2025, que elevó la preocupación por la seguridad electoral.

EN PROFUNDIDAD

Bogotá, 18 de febrero de 2026 – La campaña de Abelardo de la Espriella opera desde esta semana bajo protocolos de máxima protección que incluyen el uso permanente de un atril blindado durante discursos en plazas y concentraciones masivas. El dispositivo, compuesto por gruesos paneles de vidrio, debutó el miércoles 18 de febrero en Villavicencio, donde el candidato se dirigió a decenas de asistentes vestido con camisa blanca y sombrero, escoltado por un robusto esquema de seguridad.

La decisión responde a una llamada anónima recibida el 10 de febrero por el equipo del aspirante, en la que se advertía sobre una presunta ofensiva del Ejército de Liberación Nacional contra él y contra las sedes del movimiento Defensores de la Patria en al menos nueve ciudades, incluidas Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Cúcuta. Según el comunicado oficial, la información fue puesta en conocimiento de la Fiscalía y de los organismos de seguridad del Estado, y se solicitaron refuerzos en el esquema de protección.

En contexto: Abelardo De la Espriella denuncia amenazas del ELN

De la Espriella afirmó en la red social X que el ELN lo habría declarado “objetivo militar” y responsabilizó al Gobierno nacional por lo que considera un ambiente que fortalece a las estructuras armadas ilegales. Al mismo tiempo, aseguró que mantendrá su agenda pública y que no suspenderá recorridos regionales, aunque la logística de los eventos se adapte para reducir riesgos. Desde la campaña insisten en que la medida no implica aislar al candidato, sino modificar las condiciones de exposición.

El uso del atril se suma a otras decisiones adoptadas por aspirantes presidenciales tras el atentado contra Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 y que derivó en su fallecimiento el 11 de agosto. Desde entonces, varios dirigentes han incorporado chalecos antibalas en sus giras, en un escenario marcado por advertencias de grupos armados ilegales contra figuras de derecha y del uribismo.

Las amenazas contra De la Espriella no son un hecho aislado. En noviembre de 2025, cuando aún era precandidato, denunció que el ELN intimidó a integrantes de su equipo en Arauca y a ciudadanos que recogían firmas para su aspiración. En un audio atribuido a esa guerrilla, se declaraba “objetivo militar” a su coordinador de campaña, Juan Carlos Santamaría, y se advertía sobre la quema de un vehículo. En ese momento, la periodista Salud Hernández-Mora sostuvo que el grupo insurgente amenazaba a quienes apoyaran la recolección de firmas en ese departamento.

El clima de intimidación también ha sido denunciado por otras figuras. La periodista y candidata presidencial Vicky Dávila aseguró que el ELN pretende asesinarla y mencionó que las advertencias se extienden a María Fernanda Cabal y al propio De la Espriella. En paralelo, el Centro Democrático alertó en enero de 2026 sobre la instalación de una valla atribuida al Bloque Jacobo Arenas y al frente Dagoberto Ramos, estructuras del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC bajo el mando de alias Iván Mordisco, en el norte del Cauca. El mensaje restringía la presencia de políticos catalogados como “corruptos” o “guerreristas” y exhibía fotografías de dirigentes uribistas.

Estos episodios se inscriben en un contexto más amplio de control territorial por parte de grupos armados en regiones como Arauca, Cauca y zonas del oriente y suroccidente del país. En algunos municipios, según denuncias políticas, se imponen restricciones de facto a determinadas campañas, lo que afecta la igualdad de condiciones en la contienda. El propio equipo de De la Espriella ha señalado que en Arauca existen limitaciones para realizar actos proselitistas.

Organizaciones de derecha sostienen que más de 800 municipios estarían cooptados o fuertemente influenciados por estructuras criminales, una cifra que refleja la magnitud del desafío en materia de seguridad electoral. Aunque el Estado cuenta con esquemas formales de protección a través de la Unidad Nacional de Protección, los atentados y amenazas recientes han puesto en cuestión su capacidad para anticipar y neutralizar riesgos.

En el corto plazo, la campaña prevé mantener el atril blindado y reforzar medidas como el filtrado de asistentes, ajustes de rutas y mayor coordinación con autoridades locales. La Fiscalía y los organismos de inteligencia evalúan la veracidad y el origen de la llamada del 10 de febrero, lo que podría derivar en investigaciones sobre posibles redes urbanas del ELN o sobre la autenticidad de la amenaza.

Un escenario probable es que otros aspirantes adopten protocolos similares, lo que transformaría la imagen tradicional de la campaña en plazas abiertas y aumentaría la presencia de fuerzas de seguridad en actos políticos. También podría intensificarse la atención de misiones de observación electoral sobre la violencia política y las restricciones territoriales.

Si las intimidaciones se concretaran en nuevos ataques, el debate podría escalar hacia eventuales limitaciones de actividades en zonas de alto riesgo o reformas al sistema de protección. La manera en que el Gobierno garantice la seguridad de todos los candidatos, sin distinción ideológica, será determinante para medir las condiciones democráticas del proceso electoral en curso.