Bogotá, 17 de febrero de 2026 – La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial pidió respetar las decisiones de los jueces y canalizar cualquier inconformidad a través de los mecanismos legales, en medio de la controversia con el Gobierno generada por la suspensión provisional del decreto que fijó el salario mínimo para 2026.

En un comunicado oficial, la instancia, integrada por las presidencias de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscalía y representantes judiciales, afirmó que los fallos se adoptan “en estricto cumplimiento de la Constitución y la ley”.

El pronunciamiento se produjo después de que un magistrado del Consejo de Estado suspendiera cautelarmente el Decreto 1469 de 2025, expedido por el Gobierno tras el fracaso de la negociación en la Comisión de Concertación. La medida se tomó mientras avanza una demanda de nulidad y se centró en la legalidad del procedimiento administrativo, no en el monto del aumento.

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La Comisión señaló que las decisiones judiciales están sujetas a reglas procesales y garantías fundamentales que protegen la independencia y autonomía de la justicia. Indicó además que las discrepancias deben tramitarse mediante los recursos previstos en el ordenamiento jurídico y dentro de los canales institucionales.

El comunicado se conoce tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien cuestionó la suspensión, anunció la expedición de un decreto transitorio para asegurar el ingreso de los trabajadores y convocó movilizaciones en respaldo del incremento salarial.

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El decreto suspendido establecía un aumento del 23,7%, que llevaba el salario mínimo a alrededor de dos millones de pesos mensuales con auxilio de transporte. La Sección Segunda del Consejo de Estado admitió la demanda y dio traslado al Gobierno para que responda dentro del proceso contencioso administrativo.

El Consejo de Estado tiene competencia para revisar la legalidad de los decretos del Ejecutivo, incluido el salario mínimo cuando no hay acuerdo entre empresarios, sindicatos y Gobierno en la negociación tripartita.

La Rama Judicial reiteró su compromiso con el cumplimiento de la Constitución y la protección de los derechos de los ciudadanos, mientras continúa el trámite judicial sobre la validez del decreto.