Bogotá, 17 de febrero de 2026 – Más de 200 organizaciones de pacientes en Colombia radicaron ante la Fiscalía General de la Nación, una denuncia penal contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por el presunto delito de fraude a resolución judicial. La acusación sostiene que el funcionario habría incumplido órdenes de la Corte Constitucional relacionadas con la financiación del sistema de salud, especialmente el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y de los llamados presupuestos máximos.

La denuncia, presentada por la plataforma Pacientes Colombia junto con un grupo de abogados, pide abrir investigación formal y evaluar medidas cautelares para evitar que continúe el supuesto daño al sistema, incluida la eventual restricción de funciones del ministro en decisiones sobre giro y cálculo de recursos mientras avanza el proceso.

Según los denunciantes, Jaramillo habría incumplido de manera “consciente, reiterada y material” las órdenes emitidas dentro del seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, fallo estructural que reconoció la salud como derecho fundamental y ordenó corregir fallas financieras del sistema. El núcleo del reclamo es la presunta insuficiencia de la UPC, la prima anual que el Estado paga por cada afiliado, y de los recursos destinados a servicios y tecnologías no cubiertos por el plan básico.

Las organizaciones sostienen que las mesas técnicas ordenadas por la Corte para recalcular la UPC habrían operado de forma meramente formal, con acceso restringido a la información y sin deliberación real. “Lo que está en juego no es una discusión técnica aislada, sino la vida y la continuidad de los tratamientos de los pacientes”, afirmó Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, al señalar que la conducta configuraría una elusión de decisiones judiciales obligatorias.

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El caso se inscribe en un conflicto institucional más amplio. Desde 2024 la Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional ha advertido un desfinanciamiento estructural del sistema y ha emitido autos exigiendo recalcular la prima desde años anteriores y garantizar respaldo presupuestal. Incluso ha abierto incidentes de desacato contra el Ministerio por considerar insuficientes los ajustes adoptados.

La controversia también tiene antecedentes penales y judiciales. En 2025 ya se habían presentado denuncias similares contra el ministro por el manejo de recursos del sistema, aunque la Corte cerró uno de los incidentes al verificar pagos de presupuestos máximos. Sin embargo, posteriormente volvió a cuestionar el ajuste de la UPC, manteniendo la tensión entre el alto tribunal y la cartera de Salud.

Para las organizaciones de pacientes, la acción penal busca forzar medidas efectivas para corregir la financiación. El episodio ocurre en medio de la crisis de liquidez de EPS y prestadores y añade presión política sobre el Gobierno en pleno debate estructural sobre el futuro del sistema de salud colombiano.