Bogotá, 17 de febrero de 2026 – El Consejo de Estado rechazó las demandas que buscaban la pérdida de investidura, más llamada muerte política, contra el senador del Pacto Histórico David Racero por presunto uso indebido de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) en un negocio familiar. La decisión, adoptada por la Sala 12 de Decisión de Pérdida de Investidura, mantiene al congresista en su curul, aunque aún puede ser apelada ante la Sala Plena.

El alto tribunal concluyó que las pruebas aportadas no demostraron, por ahora, que Racero hubiera ordenado formalmente a funcionarios públicos atender asuntos privados de su fruver. Según la ponencia del magistrado Fredy Hernando Ibarra Martínez, el expediente no logró derribar la presunción de inocencia “por encima de toda duda razonable”, requisito exigido para sancionar con la pérdida de investidura.

La Sala analizó chats, pantallazos, audios y documentos presentados por los demandantes, pero consideró que no acreditaban de manera directa y contundente una desviación de funciones ni la destinación indebida de recursos públicos. Cinco magistrados firmaron la decisión y el consejero Juan Enrique Bedoya aclaró su voto.

El caso se originó tras revelaciones periodísticas de Daniel Coronell en las que se divulgaron audios y recibos atribuidos a Racero. En esas grabaciones, el senador aparentemente solicitaba dinero a un integrante de su UTL para gastos personales y le pedía realizar tareas en un supermercado familiar. También se conoció una nota de voz en la que describía una oferta laboral para el negocio con salario de un millón de pesos mensuales, sin prestaciones sociales y con jornadas de 13 horas diarias.

Las demandas argumentaban que asignar labores privadas a funcionarios pagados con recursos del Congreso equivalía a usar dineros públicos para fines particulares, causal que la jurisprudencia ha considerado suficiente para retirar la investidura a congresistas en casos similares. Sin embargo, durante el proceso la Procuraduría recomendó mantener la curul al estimar que las pruebas no acreditaban de forma suficiente la indebida destinación de recursos, postura que finalmente acogió el Consejo de Estado.

Racero, quien reconoció la existencia del negocio y su relación con el funcionario mencionado, sostuvo que este “alguna vez pudo levantar una caja” en el local, pero negó un uso sistemático de su equipo legislativo para actividades privadas. El congresista incluso pidió que la Procuraduría y la Corte Suprema investigaran los hechos para esclarecerlos.

En términos políticos, el fallo evita un golpe inmediato para la coalición de gobierno y permite a Racero continuar en el Senado. El presidente Gustavo Petro celebró la decisión y afirmó que la acusación que buscaba su salida del Congreso “no era cierta”.

No obstante, el proceso no queda cerrado. Contra la sentencia procede recurso de apelación ante la Sala Plena del Consejo de Estado y, paralelamente, el senador enfrenta actuaciones en la Corte Suprema de Justicia relacionadas con los mismos hechos. Dependiendo de esas decisiones, el caso podría reabrir el debate sobre el uso de las UTL y los límites entre colaboraciones personales y aprovechamiento de recursos públicos dentro del Congreso.