Bogotá, 17 de febrero de 2026 – La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia anunció que presentará una queja disciplinaria ante la Procuraduría contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por presunta negligencia en la atención del caso de Kevin Arley Acosta, un niño de siete años con hemofilia que falleció tras un accidente en bicicleta mientras esperaba la entrega de un medicamento esencial.

Según la congresista, la acción busca que se determinen responsabilidades administrativas por la supervisión del sistema de salud y por las declaraciones del funcionario luego de conocerse el caso. “Los niños son primero y su derecho a jugar no puede ser la excusa para tapar el desastre de un gobierno indolente”, escribió en su cuenta de X. En un video posterior añadió: “Todos los niños andan en bicicleta. Lo que falta son gobiernos responsables que garanticen el acceso a la salud y a los medicamentos”.

El menor, afiliado a Nueva EPS y diagnosticado con hemofilia A severa, llevaba semanas sin recibir el factor VIII, tratamiento necesario para prevenir hemorragias. Tras la caída presentó un trauma que derivó en una hemorragia interna y murió. La Defensoría del Pueblo señaló fallas en la cadena de atención y en la entrega oportuna del medicamento.

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La controversia aumentó después de que Jaramillo, durante un consejo de ministros, afirmara que los niños con hemofilia deben restringir actividades de riesgo y que “puedan generarle un trauma violento”. Las declaraciones generaron críticas de sectores políticos y organizaciones de pacientes.

El ministro solicitó posteriormente una investigación para establecer responsabilidades de la EPS y de los prestadores de salud. El presidente Gustavo Petro también se refirió al caso diciendo que «a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta», comentario que fue criticado por sectores políticos y organizaciones de pacientes.

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La muerte de Acosta ocurre en medio de cuestionamientos a la operación de Nueva EPS y de advertencias previas sobre retrasos en la entrega de medicamentos de alto costo para enfermedades raras.

Con la queja disciplinaria, Valencia busca que la Procuraduría evalúe si existió omisión de control estatal sobre la atención del paciente. El caso se suma al debate político sobre la reforma a la salud y la supervisión del sistema durante la transición del modelo impulsado por el Gobierno.