Bogotá/Quito, 17 de febrero de 2026 – Colombia formalizó su ofensiva jurídica contra Ecuador. La Comunidad Andina (CAN) admitió a trámite la primera demanda presentada por el Gobierno colombiano contra la “tasa de seguridad” del 30% impuesta por la administración de Daniel Noboa a las importaciones colombianas, en el mayor choque comercial bilateral de los últimos años.

El Ministerio de Comercio busca que la medida sea declarada un gravamen ilegal y que se ordene su suspensión. La Secretaría General de la CAN confirmó la recepción de los documentos y abrió una investigación, con facultad para solicitar información adicional a ambos países, contrastar cifras comerciales y evaluar si Quito violó el Acuerdo de Cartagena.

La admisión no implica aún un fallo, pero sí activa un proceso jurídico vinculante dentro del sistema andino. Si la CAN concluye que la medida es incompatible con la normativa comunitaria, podrá ordenar a Ecuador levantarla o modificarla.

Colombia sostiene que la llamada “tasa de seguridad” funciona en la práctica como un arancel encubierto, prohibido entre socios del bloque. Además, argumenta que fue aplicada unilateralmente sin acudir a los mecanismos excepcionales previstos para casos de seguridad nacional o desequilibrios económicos.

La ofensiva legal se suma a la respuesta económica. Bogotá también decretó aranceles espejo del 30% a productos ecuatorianos —principalmente pesca, agroindustria y manufacturas— alegando defensa del empleo y reciprocidad comercial.

Por su parte, el gobierno de Noboa defiende que el cobro no es un arancel sino un pago por servicios de control aduanero y seguridad, destinado a financiar la lucha contra narcotráfico y crimen organizado en la frontera. Quito ha condicionado cualquier revisión a mayores compromisos de cooperación en seguridad por parte de Colombia.

El origen de la guerra arancelaria

La crisis comenzó entre el 20 y el 21 de enero de 2026, cuando Ecuador anunció un recargo del 30% para todas las importaciones originarias de Colombia, vigente desde el 1 de febrero. La medida excluye petróleo, donaciones y generación eléctrica, pero golpea el grueso del comercio manufacturero y agroindustrial.

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Quito justificó la decisión por la “falta de reciprocidad” de Bogotá frente al narcotráfico y la minería ilegal, así como por el déficit comercial ecuatoriano.

Bogotá respondió primero con una nota diplomática de protesta y luego con represalias comerciales. El Gobierno alegó violación del régimen andino de libre comercio, que prohíbe aranceles intracomunitarios entre Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia salvo excepciones temporales, notificadas y tramitadas ante la CAN.

La disputa escaló rápidamente hacia un pulso económico y jurídico. El comercio bilateral ronda los 2.800 millones de dólares anuales y el encarecimiento de los productos colombianos en Ecuador afecta directamente a empresas manufactureras y agroindustriales, especialmente en zonas fronterizas como Nariño y Putumayo.

A su vez, los aranceles colombianos impactan a sectores ecuatorianos como flores, pesca y alimentos procesados, provocando presiones de gremios empresariales en ambos lados de la frontera.

Ahora la CAN deberá determinar si la “tasa de seguridad” es realmente una medida excepcional de seguridad o un arancel prohibido. Un fallo adverso obligaría a Ecuador a desmontar la medida y, en caso de incumplimiento, habilitaría sanciones o contramedidas dentro del bloque.

Mientras tanto, ambos gobiernos mantienen canales diplomáticos abiertos para evitar una escalada mayor. Sin embargo, el conflicto ya superó el terreno comercial: la discusión incorpora seguridad fronteriza, narcotráfico y cooperación judicial, convirtiendo el litigio en un pulso político regional entre Bogotá y Quito sobre quién fija las reglas de la integración andina.