Bogotá, 17 de febrero de 2026 – La Defensoría pidió a la Corte Constitucional declarar inconstitucional la emergencia económica decretada por el Gobierno de Gustavo Petro, aunque solicitó mantener temporalmente las medidas que garantizan financiación al sistema de salud, en especial la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

En un concepto remitido al magistrado ponente, la defensora Íris Marín sostuvo en distintos medios que el Decreto 1390 de 2025 no cumple las condiciones constitucionales para activar poderes extraordinarios. Señaló que los argumentos del Ejecutivo, crisis fiscal y presiones presupuestales del sector salud, corresponden a problemas estructurales y previsibles, no a hechos sobrevinientes.

La entidad propuso modular los efectos de una eventual decisión de la Corte. En la práctica, planteó declarar inexequible la emergencia del Gobierno Petro, pero permitir que continúen por un periodo limitado las disposiciones adoptadas para financiar el sistema mientras se tramita una solución legal permanente.

Entre ellas pidió preservar medidas tributarias expedidas durante la emergencia, como impuestos a bebidas alcohólicas y apuestas en línea, para destinarlas al aseguramiento en salud, la compra de medicamentos y el pago de la UPC.

La Defensoría advirtió que la anulación inmediata de todos los decretos derivados podría afectar la continuidad del servicio para millones de usuarios. El sistema enfrenta un déficit creciente, agravado por el aumento de la UPC previsto para 2026, que requiere más de 11 billones de pesos adicionales para el aseguramiento.

La Corte Constitucional ya había suspendido provisionalmente la emergencia a finales de enero al considerar que el Gobierno sustentó la medida en un problema fiscal previsible, asociado a la caída de iniciativas legislativas y al déficit presupuestal. La decisión dejó sin soporte jurídico los decretos legislativos que creaban nuevas fuentes de financiación.

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Además, la Defensoría solicitó que el tribunal otorgue al Gobierno y al Congreso un plazo para tramitar una ley que ajuste el Presupuesto General de la Nación, a las necesidades del sistema de salud.

El concepto plantea que el control constitucional sobre los poderes excepcionales no debe interrumpir de manera abrupta la financiación del servicio, mientras se adopta una solución estructural por la vía legislativa.