Bogotá, 15 de febrero de 2026 – El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) denunció ante la Fiscalía General de la Nación presuntas irregularidades por $260.437 millones en el pago de la prima de mitad de año a docentes entre 2024 y 2025, luego de una auditoría técnica, jurídica y financiera que encontró inconsistencias en el 56,8 % de los recursos revisados.

Según el informe oficial, la entidad analizó 42.400 pagos que sumaron $458.799 millones. Más de la mitad presentarían anomalías, lo que llevó a remitir el caso a las autoridades penales para determinar posibles responsabilidades.

La revisión se inició en noviembre de 2025 tras la llegada de la nueva administración encabezada por Herman Bayona Abello. El Fondo precisó que la auditoría fue una decisión institucional autónoma y no obedeció a requerimientos de entes de control, sino a la verificación interna del manejo de recursos públicos destinados a las prestaciones del magisterio.

Uno de los hallazgos más relevantes fue la identificación de 4.405 pagos, por más de $83.082 millones, realizados a personas que contaban con sentencias judiciales ejecutoriadas que negaban el derecho a recibir la prima.

El diagnóstico también detectó desembolsos a beneficiarios con pensión gracia o doble pensión, docentes vinculados por fuera del rango legal, pensiones reconocidas por fuera de los límites constitucionales y mesadas superiores a los topes permitidos. Incluso se identificaron casos en los que los pagos continuaron pese a que los beneficiarios figuraban como fallecidos.

El Fomag explicó que estos hallazgos comprometen la sostenibilidad financiera del sistema de prestaciones sociales del magisterio, financiado con recursos públicos.

Cambio de criterio jurídico

La auditoría señaló además que un concepto jurídico emitido el 15 de agosto de 2025 modificó la interpretación que se venía aplicando para reconocer la prima de mitad de año, sin que mediara reforma legal ni sentencia de unificación que lo respaldara.

La entidad advirtió que algunas firmas de abogados estarían promoviendo demandas sin cumplir requisitos legales, exponiendo a docentes a riesgos jurídicos y costos innecesarios.

La denuncia penal incluye tanto a quienes autorizaron y ejecutaron los pagos como al abogado Yobany Alberto López Quintero, quien recibió en septiembre de 2025 una base de datos con información de más de 9.000 docentes, lo que habría facilitado la masificación de reclamaciones judiciales.

Reacciones políticas y contexto

El vicepresidente del Fomag afirmó que la actuación no busca afectar derechos adquiridos del magisterio. “Nuestro deber es proteger a los maestros y evitar que sean inducidos a procesos que puedan generarles perjuicios económicos o jurídicos, garantizando la transparencia del Fondo”, señaló.

El caso ya había sido mencionado por el presidente Gustavo Petro en un consejo de ministros, donde habló de posibles “anillos de corrupción” alrededor del reconocimiento de prestaciones, a través de demandas judiciales que obligarían pagos con cargo a recursos públicos.

Ahora será la Fiscalía la que determine si las inconsistencias detectadas configuran conductas penales y si existió un esquema organizado para obtener recursos del sistema de prestaciones docentes. El resultado del proceso podría impactar tanto la estabilidad financiera del Fomag como el sistema de litigios asociados a beneficios del magisterio en el país.