Bogotá, 14 de febrero de 2026 – El sistema de medios públicos RTVC, mediante la cooperativa Savi, financió por años servicios de maquillaje y fotografía para la agenda de la primera dama Verónica Alcocer, con contratos por casi 23.000 millones de pesos. Los documentos y respuestas oficiales sustentan la información, ahora bajo indagación en la Fiscalía, según un reportaje reciente de Semana.

De acuerdo con documentos conocidos por autoridades judiciales y respuestas oficiales a derechos de petición, la contratación se realizó a través de la Cooperativa de Trabajo Asociado Soluciones de Audio y Video (Savi), que actuó como intermediaria. RTVC sostiene que su único contratista fue la cooperativa y que los profesionales prestaron servicios como terceros vinculados a ella.

“La persona mencionada estuvo vinculada en el marco de los contratos celebrados bajo la modalidad de administración delegada con la Cooperativa Savi”, indicó la entidad estatal de medios de comunicación.

La investigación en curso parte de una denuncia del experto en anticrimen financiero Juan Carlos Portilla, quien advierte que el mecanismo permitió tercerizar la responsabilidad contractual y reducir controles sobre la asignación de recursos.

Según la documentación examinada, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) firmó primero un convenio interadministrativo con RTVC. Posteriormente, RTVC contrató a Savi bajo la figura de administración delegada y esta subcontrató al maquillador Fady Javier Flórez y al fotógrafo Mauricio Vélez.

El esquema significaba que, formalmente, la relación contractual era entre el Estado y la cooperativa, mientras que los profesionales quedaban vinculados como terceros. Las denuncias señalan que ambos prestaban servicios de imagen personal a Alcocer durante eventos oficiales y viajes internacionales.

Portilla sostuvo que esta modalidad puede facilitar la asignación direccionada de contratos. “Reduce la transparencia y el control sobre la contratación estatal y abre la puerta a beneficiar intereses particulares”, señaló en su denuncia ante la Fiscalía.

Secuencia de contratos

El primer contrato se firmó en septiembre de 2022, un mes después de la posesión presidencial de Gustavo Petro. Fue por 1.214 millones de pesos durante tres meses y vinculó al fotógrafo a través de Savi.

Ese mismo año se celebró un segundo contrato por 1.921 millones de pesos, también para el fotógrafo. En los primeros meses de gobierno, los acuerdos ya sumaban más de 3.130 millones de pesos.

En 2023 se firmó un contrato conjunto que incluyó al maquillador y al fotógrafo por 5.549 millones de pesos, seguido de otro por 1.792 millones. Solo ese año, los convenios alcanzaron 7.341 millones de pesos.

En 2024 se suscribió un nuevo contrato por 8.000 millones de pesos bajo el mismo esquema. Finalmente, en el segundo semestre de 2025, se firmó otro acuerdo por 3.976 millones de pesos.

La suma total bordea los 23.000 millones de pesos destinados a servicios de producción audiovisual, maquillaje y fotografía asociados a la imagen institucional de la Presidencia, aunque la denuncia sostiene que habrían servido principalmente a la atención personal de la ex primera dama.

Lo que investiga la Fiscalía

La Fiscalía estudia si hubo direccionamiento de recursos, simulación de actividades institucionales y posibles delitos contra la administración pública. El denunciante considera que el análisis preliminar podría tipificar estafa y otras conductas conexas.

La investigación también busca determinar si la figura de “gestora social” o primera dama tenía soporte jurídico suficiente para justificar los gastos, especialmente después de que el propio presidente Petro afirmara públicamente que llevaba años separado de Alcocer.

Por ahora no existen imputaciones formales ni medidas judiciales contra los involucrados. La Fiscalía evalúa llamar a interrogatorio a la ex primera dama, a los contratistas y a representantes de la cooperativa, además de revisar actuaciones de funcionarios del Dapre y de RTVC.

RTVC reiteró que actuó conforme a la normativa vigente y que la contratación se realizó legalmente con la cooperativa, no con personas naturales. No obstante, confirmó que Flórez y Vélez estuvieron vinculados a los contratos “conforme a los periodos contractuales y fechas”.

El caso surge en medio de cuestionamientos de la Contraloría sobre el volumen de contratación estatal antes de procesos electorales y añade presión política al Gobierno, al poner bajo escrutinio el uso de recursos públicos para actividades relacionadas con la imagen presidencial.