Bogotá, 13 de febrero de 2026 – La controversia por la contratación estatal alrededor de la familia de la ministra de Cultura, Yannai Kadamani, se amplió este sábado luego de que la representante a la Cámara Jennifer Pedraza denunciara que la madre de la funcionaria habría suscrito seis contratos con entidades del Ejecutivo por cerca de $600 millones. La ministra respondió que no intervino en los procesos y defendió la legalidad de las vinculaciones.

La nueva denuncia surge días después de conocerse que el hermano de la jefa de la cartera, Salim Kadamani, también firmó contratos con el Estado por alrededor de $383 millones, varios de ellos antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías.

Según la documentación divulgada por Pedraza, Alexandra Fonrodona Montoya, madre de la ministra, habría sido contratada por al menos tres entidades: la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior.

La congresista aseguró que solo tres contratos firmados en enero de 2026 suman $313.846.667, firmados semanas antes de las restricciones de contratación que impone la Ley de Garantías en año electoral.

Entre los objetos contractuales publicados:

• Superintendencia de Salud: contrato por más de $126 millones para prestar servicios profesionales como estratega de comunicación integral en la oficina de comunicaciones institucionales.
• Ministerio de Salud: contrato cercano a $116 millones para asistencia técnica en la implementación de metodologías y estrategias de comunicación.
• Ministerio del Interior: contrato superior a $70 millones para apoyar la difusión de la política pública de libertad religiosa.

Pedraza sostuvo en redes sociales que “no solo es el hermano” y que la madre de la ministra habría recibido seis contratos durante este gobierno. Además, adjuntó registros de contrataciones previas: uno en 2023 por cerca de $48 millones, uno en 2024 por $92 millones y tres en 2025 por aproximadamente $141 millones.

La representante no ha afirmado que exista ilegalidad directa, pero sí cuestiona la reiteración de contratos dentro del núcleo familiar de una funcionaria de alto nivel y la cercanía temporal con la Ley de Garantías.

Los contratos del hermano

La discusión pública comenzó luego de revelarse que Salim Kadamani, diseñador y gestor de moda, suscribió varios contratos de prestación de servicios relacionados con comunicación y apropiación digital con entidades del Gobierno, que en conjunto rondarían los $380 a $390 millones.

La coincidencia temporal —varios firmados antes de la restricción electoral— llevó a opositores y veedurías a plantear dudas sobre un posible uso de influencia o, al menos, un problema de apariencia de clientelismo familiar, aun si jurídicamente no se configura una inhabilidad automática.

La respuesta de la ministra

Ante los señalamientos, la ministra Kadamani negó cualquier intervención en la contratación.“No he intervenido ni incidido en ningún proceso de contratación en los que haya participado mi madre o hermano”, afirmó en un comunicado público.

La funcionaria sostuvo que no existe incompatibilidad ni conflicto de interés porque el Ministerio de Cultura no ejerce autoridad administrativa ni contractual sobre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud ni la Superintendencia de Salud, entidades que realizaron las vinculaciones.

También explicó que los parentescos están reportados en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) y que esa información es pública. Según Kadamani, sus familiares son “profesionales con trayectoria propia” que pueden participar en procesos contractuales conforme a la ley.

Además, afirmó que las insinuaciones de irregularidad “carecen de fundamento jurídico” y desconocen principios del derecho administrativo y el derecho al trabajo.

El caso comienza a escalar al terreno político. En el Congreso ya se anuncian citaciones de control político para que la ministra explique el mapa completo de contratos estatales relacionados con su familia.

Paralelamente, veedurías y sectores de oposición evalúan solicitar revisión a la Procuraduría, la Contraloría y Función Pública para determinar si hubo omisiones en declaraciones de conflicto de interés o irregularidades en los procesos de selección.

Más allá del plano jurídico, el debate se concentra en el impacto ético y político: la reiterada contratación de familiares directos de una integrante del gabinete en distintas entidades del Ejecutivo podría alimentar la discusión sobre coherencia del discurso anticorrupción del Gobierno y el manejo de la contratación por prestación de servicios en el Estado.