Bogotá, 13 de febrero de 2026 – La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, se pronunció en un video publicado en su cuenta de X, sobre la suspensión provisional del decreto que fijó el salario mínimo de 2026 y pidió al Gobierno atender con rapidez la orden del Consejo de Estado, sin afectar las expectativas de los trabajadores.

La dirigente señaló que el Ejecutivo debe ajustar la decisión conforme a lo ordenado por el tribunal y afirmó que la respuesta oficial «no puede anular la ilusión de millones de trabajadores de tener mejores salarios”. El pronunciamiento se conoció tras la medida cautelar que dejó sin efectos temporales el Decreto 1469 de 2025, mientras se estudian demandas de nulidad.

Valencia también vinculó el tema al debate económico de campaña. Indicó que, si llega a la Presidencia, impulsará una reducción de impuestos a las empresas desde el 7 de agosto, al considerar que un menor costo tributario contribuiría a proteger el empleo y mejorar los ingresos laborales.

El Consejo de Estado suspendió el aumento cercano al 23% decretado por el gobierno de Gustavo Petro, bajo el concepto de “salario mínimo vital” y ordenó expedir en un plazo de ocho días un decreto transitorio basado en variables legales como inflación causada, productividad y metas del Banco de la República. La decisión no obliga a reversar pagos ya efectuados, pero sí exige rehacer la fijación salarial mientras avanza el proceso judicial.

La precandidata señaló que la medida genera incertidumbre para trabajadores y empleadores y cuestionó el diseño del incremento, aunque no planteó una reducción del salario. En cambio, sostuvo que la mejora del ingreso depende de condiciones económicas sostenibles.

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Desde finales de 2025, Valencia había criticado el aumento al advertir posibles efectos sobre inflación, informalidad laboral y finanzas públicas. Reiteró que un incremento por decreto no garantiza una mejora real del ingreso si no está acompañado de crecimiento económico y estabilidad empresarial.

La suspensión del decreto abrió un nuevo frente entre el Gobierno y sectores de oposición sobre la legalidad y viabilidad económica del aumento. Mientras el Ejecutivo anunció recursos jurídicos y movilizaciones en defensa del llamado salario vital, dirigentes opositores han pedido rehacer la norma con criterios técnicos.