Bogotá, 13 de febrero de 2026 – El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto con el que el Gobierno del presidente Gustavo Petro fijó el salario mínimo de 2026 en $1.750.905, equivalente a un alza de 23,7%. La decisión obliga al Ejecutivo a expedir en un plazo de ocho días un decreto transitorio que determine el incremento aplicable mientras el alto tribunal estudia de fondo la legalidad de la medida.

La medida cautelar fue adoptada el 12 de febrero de 2026 por el despacho del magistrado Juan Camilo Morales, de la Sección Segunda, dentro de una demanda que cuestiona la legalidad del Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025. El Consejo de Estado aclaró que la suspensión no constituye un fallo definitivo, sino una decisión preventiva para evitar efectos jurídicos mientras se analiza la demanda.

El decreto había fijado el salario mínimo en $1.750.905, que con auxilio de transporte superaba los $2 millones mensuales. El Gobierno tomó la decisión de forma unilateral tras fracasar la mesa de concertación salarial con empresarios y sindicatos.

Según la demanda principal, presentada por el ciudadano Germán Eduardo Castro Marín el 13 de enero, el Ejecutivo habría desconocido los parámetros legales que obligan a considerar inflación y productividad —calculados en 6,21%— y habría privilegiado el concepto de “salario vital” promovido por la Organización Internacional del Trabajo, criterio que no es vinculante en la legislación colombiana.

El Consejo de Estado señaló que la suspensión busca evitar “daños irreversibles” y ordenó al Gobierno expedir un nuevo decreto temporal que fije el porcentaje de aumento y el valor total del salario mínimo para 2026 mientras se emite sentencia, un proceso que podría tardar varios meses.

En la práctica, si el Ejecutivo no expide el acto administrativo dentro del plazo fijado, podría quedar vigente de manera transitoria el salario mínimo de 2025, que era de $1.423.500.

El fallo revive un precedente judicial. En 2017 el Consejo de Estado anuló el decreto que había fijado el salario mínimo de 2016 por falta de motivación técnica, aunque en ese caso no se ordenó devolución de salarios ni tuvo efectos retroactivos.

La decisión abre un nuevo frente jurídico y político para el Gobierno. Los sindicatos han defendido la legalidad del aumento y la necesidad de recuperar poder adquisitivo, mientras gremios empresariales consideran viable que el tribunal anule definitivamente el decreto por afectar a las micro y pequeñas empresas.

El Gobierno anunció que apelará la medida cautelar. Entretanto, el proceso judicial continuará sin efectos retroactivos previsibles para trabajadores y empleadores, mientras se define el monto definitivo del salario mínimo de 2026.