Bogotá, 13 de febrero de 2026 – El exembajador y dirigente político Camilo Romero reaccionó al pronunciamiento de la senadora Paloma Valencia sobre la suspensión del aumento del salario mínimo y la acusó de responsabilizar injustificadamente al Gobierno. A través de su cuenta en X, Romero sostuvo que la decisión corresponde al Consejo de Estado y cuestionó al uribismo por lo que calificó como una narrativa política contra el Ejecutivo.
La controversia se originó luego de que Valencia afirmara que el Gobierno debía responder por la situación y señalara que la medida judicial no podía frustrar “la ilusión de millones de trabajadores de tener mejores salarios”. En el mismo mensaje, la congresista aseguró que, de llegar al poder, su sector reduciría impuestos para aliviar las cargas empresariales y evitar despidos.
Romero respondió directamente a ese pronunciamiento. “Ahí está pintado el uribismo. Creen boba a la gente, prácticamente culpan al progresismo del atropello del Consejo de Estado. Infame”, escribió el dirigente, quien defendió la política salarial del Ejecutivo.
El exgobernador de Nariño también planteó un contraste político con gobiernos anteriores y aseguró que el actual Gobierno ha favorecido a los trabajadores. “Es este gobierno el que le devolvió a los trabajadores lo que el uribismo les arrebató. Colombia lo sabe y lo ratificará en las urnas”, agregó en su publicación.
El intercambio se produce en medio de la suspensión provisional del Decreto 1469 de 2025, mediante el cual el Gobierno había fijado el salario mínimo de 2026 con un incremento del 23,7%. La decisión fue adoptada por el Consejo de Estado mientras se estudia la legalidad de fondo del acto administrativo y ordenó al Ejecutivo expedir un decreto transitorio.
La discusión ha escalado rápidamente al terreno político. Mientras sectores cercanos al Gobierno defienden el aumento como una medida de justicia social y recuperación del poder adquisitivo, dirigentes de oposición han cuestionado la sustentación técnica del decreto y han pedido al Ejecutivo acatar plenamente la orden judicial.
El cruce entre Romero y Valencia refleja la polarización alrededor de la política salarial. De un lado, el progresismo insiste en que el aumento protege a los trabajadores y dinamiza la economía; del otro, la oposición sostiene que la decisión del Gobierno careció de soporte técnico y generó inseguridad jurídica.
El proceso judicial continúa sin una decisión definitiva, pero el debate político ya se trasladó a las redes sociales y a la arena electoral, donde la suspensión del salario mínimo se convirtió en un nuevo eje de confrontación entre oficialismo y oposición.
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