Bogotá, 13 de febrero de 2026 – El exalcalde de Medellín Daniel Quintero, anunció la interposición de una acción de tutela contra el Consejo de Estado, tras la suspensión provisional del decreto que fijó el salario mínimo de 2026. Sostuvo que la iniciativa busca proteger el aumento salarial mientras avanza el proceso judicial.

En un video difundido en su cuenta de X, Quintero afirmó que la acción pretende restablecer los efectos del incremento decretado por el Gobierno, que llevó el ingreso total a cerca de dos millones de pesos con auxilio de transporte. Según explicó, la tutela se dirige contra la medida cautelar que dejó sin efecto temporal el acto administrativo.

La reacción se produjo luego de que el Consejo de Estado suspendiera apartes del decreto dentro de demandas que cuestionan la legalidad del procedimiento adoptado para fijar el salario mínimo. El tribunal solicitó al Ejecutivo remitir los soportes técnicos y administrativos que sustentaron la decisión.

Quintero señaló que la suspensión puede afectar el ingreso de los trabajadores y presentó la tutela como un mecanismo de protección de derechos fundamentales mientras se resuelve el control de legalidad. En su mensaje sostuvo que el aumento salarial debe mantenerse vigente durante el trámite judicial.

El salario mínimo fue fijado por decreto tras fracasar la negociación entre Gobierno, empresarios y centrales obreras. Posteriormente, ciudadanos y organizaciones presentaron acciones de nulidad al considerar que la medida carecía de sustento técnico y podía tener impactos sobre empleo formal y sostenibilidad empresarial.

La medida cautelar no constituye una decisión definitiva sobre el aumento, sino una actuación preventiva mientras el alto tribunal estudia el fondo del caso. El Consejo de Estado deberá determinar si el decreto cumple los requisitos legales exigidos para la fijación del salario.

El pronunciamiento generó posiciones divergentes. Sectores cercanos al Gobierno cuestionaron la suspensión por sus efectos sociales, mientras gremios empresariales respaldaron la revisión judicial del decreto.

Con la tutela, el debate pasa también al ámbito constitucional. Un juez deberá decidir si la suspensión provisional vulnera derechos fundamentales y si procede adoptar medidas urgentes sobre la aplicación del salario mínimo mientras continúa el proceso contencioso administrativo.