Bogotá, 13 de febrero de 2026 – La candidata presidencial Claudia López defendió el aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno y pidió corregir la sustentación técnica del acto administrativo tras la suspensión provisional ordenada por el Consejo de Estado. La exalcaldesa sostuvo que el incremento debe mantenerse y llamó a no retroceder en lo que considera una mejora para los trabajadores.

López afirmó que la decisión judicial no implica la eliminación del salario mínimo decretado, sino un requerimiento para que el Ejecutivo sustente jurídicamente la medida. “No es cierto que el Consejo de Estado haya suspendido el salario vital”, señaló, al explicar que el tribunal dio un plazo al Gobierno para justificar técnica y legalmente el aumento.

En sus declaraciones, la candidata insistió en que la discusión no debe centrarse en desmontar el incremento, sino en reforzar la argumentación del decreto. “Que el Gobierno haga la tarea; si le quedó mal explicado el decreto, que lo explique bien”, afirmó.

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La dirigente también defendió el concepto de salario mínimo vital y el impacto social del incremento. “Al fin la gente se gana algo medio decente, no se lo van a quitar”, expresó, al considerar que el país no puede retroceder en materia de ingresos laborales. Añadió que la medida representa una forma mínima de justicia social para los trabajadores.

En ese sentido, sostuvo que el Ejecutivo debe subsanar los vacíos técnicos señalados por la justicia administrativa, pero mantener la política salarial. “Si no lo hizo bien, que lo haga bien, pero este país tiene que avanzar”, declaró.

A través de redes sociales reiteró su posición y llamó a defender la medida. “Tenemos que defender el salario mínimo vital. No podemos permitir que se retroceda en lo conquistado y, si el Gobierno tiene que justificar algo, que haga la tarea y subsane los parámetros del decreto en los términos correspondientes”, escribió.

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto que fijó el salario mínimo de 2026 mientras estudia su legalidad de fondo y ordenó al Gobierno expedir un acto transitorio. La controversia abrió un debate político sobre el alcance del aumento salarial, en el que distintos dirigentes han fijado posiciones entre respaldo, críticas y llamados a movilización.

López se ubicó en una posición intermedia: respaldó el incremento para los trabajadores, pero pidió al Gobierno mejorar la sustentación jurídica para evitar que la medida sea anulada definitivamente.