Bogotá, 13 de febrero de 2026 – El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció movilizaciones y acciones jurídicas en respuesta a la suspensión provisional del decreto que fijó el salario mínimo de 2026, adoptada por el Consejo de Estado. El funcionario calificó la medida como “política” y afirmó que el Gobierno defenderá el incremento por vías judiciales y en el ámbito público, sumándose así al llamado a las calles realizado por otros líderes de izquierda.
En un mensaje difundido en redes sociales y en un video posterior, Benedetti señaló que el Ejecutivo acatará la providencia mientras presenta un recurso de reposición ante el mismo tribunal. Añadió que la defensa del aumento se trasladará también a convocatorias de organizaciones sociales y sindicales.
El Consejo de Estado suspendió cautelarmente los efectos del Decreto 1469 de 2025, mediante el cual el gobierno del presidente Gustavo Petro estableció un aumento cercano al 23% del salario mínimo bajo el concepto de “salario mínimo vital”. La decisión se produjo mientras se estudian demandas de nulidad presentadas por gremios y ciudadanos que cuestionan la motivación económica del ajuste.
El tribunal ordenó expedir en un plazo de ocho días un decreto transitorio que fije el salario de 2026 con base en los criterios legales de inflación causada, productividad laboral y metas del Banco de la República. También precisó que la medida no tiene efectos retroactivos ni obliga a reversar pagos ya efectuados con el incremento.
Benedetti defendió que el aumento se fundamentó en el mandato constitucional de una remuneración mínima, vital y móvil y sostuvo que la intención era aproximar el ingreso laboral al costo de la canasta básica. Asimismo, planteó interrogantes sobre el impacto de la suspensión en contratos, tarifas y obligaciones indexadas al salario mínimo.
El decreto había sido expedido a finales de diciembre de 2025 tras el fracaso de la concertación entre sindicatos y empresarios en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. El Gobierno optó por fijar el ajuste de forma unilateral.
Los demandantes argumentan que el incremento se apartó de los parámetros previstos en la Ley 278 de 1996 y podría generar presiones inflacionarias, efectos en el empleo formal y costos fiscales. El Consejo de Estado consideró preliminarmente que la motivación del decreto requiere mayor soporte técnico antes de adoptar una decisión definitiva.
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