Bogotá, 11 de febrero de 2026 – El Gobierno nacional declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica para enfrentar la ola invernal que golpea el norte del país, con epicentro en Córdoba, mediante el decreto 0150 firmado por el presidente Gustavo Petro y su gabinete.

La medida regirá por 30 días y cobija a ocho departamentos: Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. Con esta figura constitucional, el Ejecutivo podrá adoptar medidas extraordinarias sin trámite previo en el Congreso, reorientar recursos del presupuesto y expedir decretos con fuerza de ley para atender la crisis.

El decreto responde a una temporada de lluvias atípica que ha provocado inundaciones generalizadas, al menos 18 personas fallecidas y miles de damnificados. Solo en Córdoba, autoridades reportan más de 150.000 habitantes afectados, mientras el Gobierno calcula unas 4.300 viviendas destruidas y entre 250.000 y 300.000 hectáreas bajo el agua en todo el país.

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Las zonas impactadas corresponden principalmente a planicies agrícolas y ganaderas. El gremio ganadero ha informado la muerte de al menos 1.200 reses, además de graves pérdidas en cultivos, vías terciarias y sistemas productivos rurales.

Facultades extraordinarias y reconstrucción

El estado de excepción permite al Ejecutivo destinar recursos directamente a las zonas afectadas, crear fondos especiales de reconstrucción, flexibilizar normas de contratación, agilizar subsidios y adoptar medidas de crédito y alivio financiero para campesinos y productores.

El Gobierno sostiene que la emergencia responde a un hecho sobreviniente y distinto a la emergencia económica decretada a finales de 2025, la cual fue suspendida provisionalmente por la Corte Constitucional, pues en este caso se fundamenta en un desastre natural que desbordó la capacidad ordinaria de respuesta institucional.

Ajustes tributarios en preparación

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que en los próximos días se expedirán decretos tributarios para financiar la atención y reconstrucción. Según explicó, tendrán un enfoque progresivo y contemplan modificaciones al impuesto al patrimonio para empresas con patrimonios superiores a 10.000 millones de pesos.

La propuesta afectaría a cerca de 15.000 compañías y buscaría recaudar recursos adicionales para cubrir el costo de la emergencia, estimado por el Ejecutivo en varios billones de pesos. El Gobierno calcula que solo la atención inmediata y la reparación de daños demandarán cerca de 8 billones.

La adopción de medidas fiscales por vía de excepción abre un nuevo frente político y jurídico. Todos los decretos deberán pasar a revisión automática de la Corte Constitucional, que evaluará si guardan relación directa con la crisis y si son proporcionales.

Se trata de la segunda emergencia económica declarada por la administración Petro en menos de dos meses. En el corto plazo, el Ejecutivo prevé anunciar subsidios de vivienda, reasentamientos, obras hidráulicas, rehabilitación de diques y alivios financieros para los sectores productivos afectados.

La decisión busca acelerar la respuesta estatal ante una emergencia que mantiene amplias zonas del Caribe colombiano bajo el agua y amenaza la seguridad alimentaria en varias regiones rurales.