Bogotá, 12 de febrero de 2026 – El abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella rechazó la queja disciplinaria presentada en su contra por David Murcia Guzmán, fundador de DMG, quien lo acusa de apropiarse de 5.000 millones de pesos entregados como honorarios durante su defensa judicial. El jurista calificó los señalamientos como falsos y sostuvo que, por el contrario, es Murcia quien mantiene una deuda por servicios legales.

La queja fue radicada ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá a través de la defensa del empresario, hoy privado de la libertad por el caso de captación ilegal de dinero. El documento señala presuntas faltas a los deberes profesionales de lealtad, diligencia y confidencialidad, además de abandono de la representación judicial.

Según la denuncia, Murcia habría entregado al abogado recursos en efectivo como anticipo de honorarios y estos no habrían sido restituidos tras su retiro del proceso. También se cuestionan declaraciones públicas del penalista sobre su antiguo cliente y la supuesta omisión de dejar constancia de irregularidades en el procedimiento de captura.

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De la Espriella respondió que nunca se apropió de dinero y que los pagos se realizaron mediante contrato. Explicó que la relación profesional duró pocos meses y que decidió renunciar tras discrepancias sobre la información contable del caso. El abogado reiteró que Murcia le adeuda aproximadamente 700 millones de pesos en honorarios.

El origen del conflicto se remonta a 2008, cuando el penalista asumió la defensa inicial del empresario tras el colapso de DMG, esquema piramidal que dejó miles de afectados en el país y terminó en condenas por captación masiva y lavado de activos. Posteriormente renunció a la representación.

La defensa de Murcia sostiene además que el abogado vulneró la confidencialidad profesional y que hubo fallas estratégicas en la defensa. De la Espriella rechaza esas afirmaciones y afirma que no existen pruebas de apropiación indebida.

La Comisión de Disciplina Judicial deberá decidir si abre investigación formal y establecer si hubo infracciones al régimen disciplinario de la abogacía. De comprobarse faltas, las sanciones pueden ir desde amonestaciones hasta la suspensión del ejercicio profesional.

El caso ocurre mientras De la Espriella participa en la contienda presidencial, lo que incrementa la atención pública sobre el proceso. Por ahora, la controversia queda en manos de la justicia disciplinaria, que deberá evaluar las dos versiones enfrentadas sobre la relación abogado-cliente.