Medellín, 11 de febrero de 2026 – El exalcalde de Medellín y hoy candidato presidencial Daniel Quintero publicó una retractación pública en sus redes sociales en la que reconoció que no tiene pruebas para afirmar que el concejal Sebastián López “controla” la Procuraduría de Antioquia, luego de perder una acción de tutela y ser sancionado por desacato.

La rectificación fue ordenada por el Juzgado 3º Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín, que concluyó que Quintero vulneró la honra y el buen nombre del concejal al señalar en redes sociales que tenía “controlada la Procuraduría de Antioquia”, que “no le pasa ni le va a pasar nada” y que iba a “buscar cómo joderme usando la Procuraduría”, sin aportar pruebas verificables.

En cumplimiento de la sentencia, Quintero publicó un mensaje en el que admitió explícitamente la falta de sustento de sus afirmaciones. “No tengo motivos fundados ni pruebas para afirmar que el concejal tenga controlada la Procuraduría de Antioquia (…) Reconozco que esas frases no describen hechos ciertos ni definitivos, sino opiniones personales, y por ello me retracto”, escribió.

Contexto de la denuncia

La decisión judicial se produjo después de que el concejal interpusiera una tutela por vulneración a sus derechos fundamentales. Inicialmente, el dirigente político no cumplió el plazo fijado por el juez, lo que llevó a la apertura de un incidente de desacato. El despacho sancionó a Quintero con una multa equivalente a seis salarios mínimos legales mensuales vigentes y mantuvo la orden de rectificar.

Posteriormente, el exalcalde intentó dejar sin efecto la obligación mediante otra tutela en la que alegó violación a su libertad de expresión. Sin embargo, ayer 11 de febrero un juez negó ese recurso al considerar que no existía una vulneración actual, grave o inminente de sus derechos que justificara un amparo excepcional.

Aunque la retractación ya fue publicada en plataformas como X, Facebook, Instagram y TikTok, el entorno de López sostiene que el mensaje no cumple plenamente lo ordenado por el juez, al incluir referencias a supuestas calumnias previas del concejal contra Quintero. Por ello, evalúan promover un nuevo incidente de desacato, que podría derivar en nuevas sanciones económicas o incluso medidas de arresto si se determina incumplimiento.

El caso deja además un precedente jurídico sobre el alcance de la responsabilidad en redes sociales: cuando un dirigente formula acusaciones concretas contra otro funcionario y las presenta como hechos, debe poder probarlas. De lo contrario, la justicia puede ordenar una rectificación pública, como ocurrió en este episodio que mantiene abierto el pulso político entre ambos dirigentes.