Bogotá, 12 de febrero de 2026 – La Corte Suprema de Justicia negó la tutela presentada por el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, con la que buscaba tumbar la orden de captura y la circular roja de Interpol en su contra dentro del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), manteniéndolo formalmente en condición de prófugo.

La decisión, con ponencia de la magistrada Adriana Consuelo López de la Sala de Casación Penal, rechazó de fondo el amparo interpuesto contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que había confirmado la medida de aseguramiento intramural y ordenado su captura.

En la acción constitucional, González alegaba vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa y al acceso a la justicia. Entre sus pretensiones solicitaba su libertad inmediata, la suspensión de la circular roja de Interpol, la nulidad del trámite de apelación decidido en septiembre de 2025 y que el expediente fuera remitido a la propia Corte Suprema.

El alto tribunal concluyó que la decisión del Tribunal de Bogotá no evidenció un ejercicio arbitrario o irrazonable de la función judicial, por lo que no se configuraban las causales excepcionales que permiten intervenir mediante tutela sobre providencias penales. La Corte también reiteró que este mecanismo constitucional no puede utilizarse como una tercera instancia para reabrir decisiones judiciales ya adoptadas tras valoración probatoria.

Además, indicó que el exfuncionario no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable ni la urgencia necesaria para conceder el amparo como mecanismo transitorio.

Con el fallo se mantienen la medida de aseguramiento intramural dictada el 3 de julio de 2025, la orden de captura nacional y la circular roja de Interpol emitida a solicitud de la Fiscalía en septiembre del mismo año.

González, antiguo aliado político del presidente Gustavo Petro, es investigado por su presunta participación en el entramado de corrupción de la UNGRD, en el que, según la Fiscalía, se habrían utilizado recursos públicos para asegurar apoyos parlamentarios a reformas del Gobierno mediante contratos direccionados.

El Tribunal Superior de Bogotá le atribuyó los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos en calidad de determinador.

La orden de captura fue expedida cuando el exdirector del Dapre ya había salido del país. Posteriormente se conoció que se encuentra en Nicaragua, donde recibió protección del régimen de Daniel Ortega, que ha rechazado su extradición. La circular roja busca su eventual detención si ingresa a un país que coopere judicialmente con Colombia.

Con esta decisión, la Corte Suprema cierra la vía constitucional que pretendía levantar las medidas restrictivas y deja el proceso penal en curso dentro del mayor escándalo de corrupción que enfrenta actualmente el Gobierno por la UNGRD.