Bogotá, 11 de febrero de 2026 – La representante Jennifer Pedraza cuestionó al ministro de Educación, Daniel Rojas, por la actuación del Gobierno frente a las presuntas irregularidades en la expedición de títulos en la Fundación Universitaria San José, proceso que actualmente cursa en instancias administrativas y judiciales.

La congresista señaló que estudiantes y egresados permanecen en incertidumbre sobre la validez de sus diplomas mientras la institución continúa operando con sus directivas. A su juicio, el Ministerio debió adoptar medidas más drásticas, incluida una eventual intervención administrativa.

El Ministerio de Educación anunció recientemente acciones de inspección y control, centrados en la vigilancia especial sobre la institución, un plan de mejoramiento obligatorio, ajustes académicos y administrativos y la presencia permanente de una funcionaria designada para supervisar el cumplimiento de las órdenes.

Además, el 3 de febrero la cartera formuló pliego de cargos contra la Fundación San José, la rectora Romelia Ñuste y el exsecretario general Luis Carlos Gutiérrez por presuntos incumplimientos relacionados con la expedición de títulos.

La controversia se intensificó tras el caso de Juliana Guerrero, designada viceministra de Juventudes, cuyo título académico fue cuestionado y derivó en investigaciones sobre el cumplimiento de requisitos académicos como asistencia y presentación de la prueba Saber Pro.

En contexto: Fiscalía formulará cargos contra Juliana Guerrero y pedirá casa por cárcel

En el marco de esas indagaciones, un fallo judicial ordenó a la institución entregar información académica de títulos obtenidos por personas vinculadas al Estado, lo que amplió la revisión sobre la forma en que fueron otorgados.

El Ministerio ha sostenido que sus decisiones se enmarcan en sus competencias de inspección y vigilancia y que buscan proteger a los estudiantes mientras avanza el proceso, sin ordenar el cierre inmediato de la institución.

El caso mantiene un debate institucional: sectores del Congreso consideran que la respuesta oficial ha sido insuficiente frente al alcance de las irregularidades denunciadas, mientras el Gobierno afirma que debe actuar conforme al debido proceso administrativo antes de adoptar medidas definitivas.