Bogotá, 11 de febrero de 2026 – El presidente Gustavo Petro oficializó el nombramiento del abogado constitucionalista Jorge Iván Cuervo como ministro de Justicia mediante el decreto 0145 de 2026, con lo que la cartera vuelve a tener titular en propiedad tras cerca de cuatro meses de interinidad en el cargo.

Con la designación, Cuervo se convierte en el quinto jefe de esa cartera durante la actual administración. La posesión está prevista en la Casa de Nariño, mientras comienza el proceso de empalme institucional con el equipo saliente, que permanecía encargado tras la salida del exfiscal general Eduardo Montealegre.

La Presidencia había publicado su hoja de vida el pasado 31 de enero en el portal oficial de aspirantes, paso previo al nombramiento. El movimiento se interpreta como un intento del Gobierno por estabilizar una de las carteras clave en el tramo final del mandato, particularmente en momentos de tensiones y trámites legislativos que involucran a la justicia y a las altas cortes.

Cuervo es abogado y constitucionalista, con trayectoria principalmente en la academia y el análisis jurídico. Fue magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, donde participó en la elaboración de decisiones del alto tribunal, y actualmente se desempeña como profesor universitario en la Universidad Externado de Colombia.

Además de su labor docente, ha sido investigador en temas de instituciones públicas, políticas públicas, Estado de derecho y derechos humanos. También es analista y columnista en asuntos jurídicos, participando de manera frecuente en debates sobre reformas institucionales, decisiones judiciales y coyuntura política.

Fuentes del Ministerio indicaron que el empalme comenzará de inmediato y que su tarea principal será fortalecer la relación del Ejecutivo con las cortes, uno de los frentes más sensibles para la administración Petro, en medio de discusiones sobre reformas y fallos judiciales que afectan la agenda gubernamental.

La llegada de Cuervo busca cerrar la interinidad prolongada en la cartera y dar conducción política y jurídica a la agenda de justicia del Gobierno, en una etapa en la que el Ejecutivo necesita mayor coordinación institucional para impulsar sus iniciativas y gestionar los procesos judiciales y legislativos asociados a ellas.