Bogotá, 11 de febrero de 2026 – Un informe técnico interno de la Registraduría Nacional citado por la periodista Cecilia Orozco Tascón indica que solo 1,98 millones de las más de 5 millones de firmas entregadas por la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella fueron validadas, lo que implica que cerca del 62 % del material presentado fue anulado por inconsistencias, duplicidades o errores.

La información proviene del documento denominado “Investigación 44”, elaborado por el Grupo de Verificación por Firmas de la entidad electoral. Según el reporte, la campaña radicó 5.079.000 registros; sin embargo, únicamente 1.978.108 apoyos superaron el examen técnico.

El resultado contrasta con la narrativa pública difundida por el aspirante y su equipo, que habían presentado la recolección de más de 4,8 a 5 millones de firmas como un “hecho histórico” de respaldo ciudadano y como prueba de una supuesta movilización nacional sin maquinaria política.

Las causas de la invalidez

El informe técnico desglosa las razones de anulación de la mayoría de las firmas:

• 1.437.677 registros con datos que no correspondían al ciudadano.
• 1.025.663 firmas sin coincidencia en el Archivo Nacional de Identificación (ANI).
• 273.211 registros duplicados.
• 152.028 datos ilegibles.
• 159.700 formularios con renglones en blanco invalidados automáticamente.

Aunque la cifra de apoyos válidos supera ampliamente el umbral legal —alrededor de 650.000 firmas exigidas para inscribir candidatura presidencial por grupo significativo de ciudadanos—, la depuración reduce sustancialmente la magnitud del respaldo inicialmente publicitado.

El hallazgo no implica la pérdida de la candidatura, pero sí modifica el tamaño real del apoyo ciudadano certificado.

El debate por la transparencia

La revelación ocurre en medio de cuestionamientos a la Registraduría por no divulgar los resultados detallados de la verificación de firmas de todos los aspirantes.

Para las elecciones presidenciales de 2026, cerca de 22 precandidatos entregaron alrededor de 28,5 millones de rúbricas. Tras la revisión técnica, entre 14 y 15 superaron el umbral exigido. No obstante, la autoridad electoral solo informó quiénes quedaron habilitados y no publicó el número exacto de firmas válidas e inválidas por campaña.

Orozco sostiene que no existe reserva legal sobre estos datos y que la falta de información limita el control ciudadano sobre el origen del respaldo político. La periodista solicitó oficialmente las actas mediante derecho de petición al registrador nacional, Hernán Penagos, sin respuesta hasta el momento de la publicación.

La Registraduría ha argumentado la complejidad técnica del proceso para no divulgar aún los resultados desagregados, aunque el propio registrador ha reconocido irregularidades detectadas en la recolección de firmas en varias campañas, como planillas en blanco, fotocopias y formatos diligenciados masivamente.

El caso adquiere relevancia por el peso que las candidaturas por firmas han adquirido en la contienda presidencial y por el uso político de la cifra de apoyos como indicador de fuerza electoral.

Aunque 1,98 millones de firmas son una base importante, la brecha frente a los 5 millones anunciados pone en cuestión la narrativa de “respaldo popular” construida por Abelardo de la Espriella y sobre los métodos de recolección utilizados por los aspirantes.

La controversia también aumenta la presión sobre la autoridad electoral a pocas semanas de las consultas interpartidistas y a tres meses de la primera vuelta presidencial, en un contexto donde la transparencia del mecanismo de aval por firmas se convierte en un elemento central de la confianza pública en el proceso electoral.