Bogotá, 11 de febrero de 2026 -La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia negó la acción de tutela presentada por la defensa del general Rodolfo Palomino y mantuvo vigente su orden de captura. El exdirector de la Policía Nacional continuará privado de la libertad mientras se resuelven los recursos ordinarios contra la condena por tráfico de influencias.

El tribunal concluyó que el exoficial dispone de mecanismos judiciales ordinarios para controvertir la sentencia y que no existe una afectación grave o inminente de derechos fundamentales que justifique una medida excepcional. Con esta decisión se cierra, por ahora, la posibilidad de obtener la libertad provisional mediante un amparo constitucional.

Palomino cumple una pena de siete años de prisión en una guarnición militar, además de una multa cercana a 175 salarios mínimos mensuales legales vigentes y una inhabilidad de nueve años para ejercer cargos públicos. La condena fue dictada en diciembre de 2025 por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema.

La sentencia lo declaró responsable de tráfico de influencias de servidor público por intervenir a favor del ganadero Luis Gonzalo Gallo en un proceso judicial. Según el fallo, utilizó su investidura como director de la Policía para gestionar intereses particulares, conducta que la Corte consideró contraria al principio de igualdad ante la ley.

La tutela buscaba suspender la orden de captura y permitirle enfrentar el proceso en libertad mientras avanzaban las impugnaciones. Sin embargo, la Corte reiteró que ese mecanismo no puede sustituir los recursos propios del proceso penal ni emplearse para modificar decisiones judiciales que aún tienen vías de revisión.

Antes de la decisión, se presentó un conflicto interno de competencia en el alto tribunal. Las salas Civil y Penal discutieron cuál debía estudiar el amparo. Finalmente, la Sala Penal asumió el caso y había anticipado desde enero que la detención no se suspendería durante el análisis de fondo.

Palomino dirigió la Policía Nacional hasta febrero de 2016, cuando renunció en medio de investigaciones y controversias públicas, entre ellas el escándalo conocido como la “Comunidad del Anillo”. Aunque varios procesos disciplinarios fueron archivados, la causa penal por tráfico de influencias continuó hasta la sentencia condenatoria.

La Corte precisó que la condena no está relacionada con esos hechos sino con actuaciones concretas durante su gestión, al considerar probado que intervino en favor de un particular dentro de una investigación judicial.

Con la negativa de la tutela, la orden de captura permanece vigente y la pena continúa ejecutándose. La defensa podrá acudir a los recursos previstos en el proceso penal, pero cualquier cambio en su situación jurídica dependerá de esas decisiones y no de mecanismos constitucionales extraordinarios.