Bogotá, 9 de febrero de 2026 – El partido Oxígeno solicitó a la junta directiva de Ecopetrol la remoción de su presidente, Ricardo Roa, tras la sanción del Consejo Nacional Electoral por la financiación de la campaña presidencial de 2022 y el anuncio de imputación penal por parte de la Fiscalía. La colectividad radicó una acción de cumplimiento en la que afirma que su permanencia es incompatible con las reglas de gobierno corporativo de la compañía.

El documento señala que la Resolución 11008 de 2025 del CNE, que sancionó la campaña Petro Presidente 2022, y la citación a audiencia de imputación por presunta violación de topes electorales y tráfico de influencias obligan a la junta a evaluar la continuidad del directivo. Según la solicitud, mantenerlo en el cargo puede afectar la confianza de inversionistas, accionistas y del público en la principal empresa estatal.

Oxígeno invocó los estatutos sociales de Ecopetrol y su Código de Buen Gobierno, que asignan a la junta la facultad de designar, supervisar y remover al presidente. A su juicio, la existencia de una sanción administrativa en firme y de un proceso penal en curso exige adoptar medidas para proteger la reputación institucional y la transparencia de la empresa.

La petición se produce después de que la Fiscalía anunciara la imputación de cargos relacionados con la financiación de la campaña presidencial y un posible tráfico de influencias vinculado a un contrato de la compañía. El CNE, por su parte, lo había sancionado en su condición de gerente de la campaña por irregularidades en la financiación electoral.

Desde 2025 varios sectores políticos y especialistas en gobierno corporativo han planteado la necesidad de su salida por riesgos reputacionales. La defensa de Roa sostiene que las investigaciones no equivalen a una condena y que ejercerá los recursos legales correspondientes.

La junta deberá determinar si la situación jurídica del directivo constituye causal de remoción o si corresponde esperar el avance de los procesos administrativos y penales. El abogado de Roa afirmó en una reciente entrevista que la imputación es solo una etapa inicial de la investigación y que todavía no se ha establecido si habrá juicio.

El caso traslada la controversia al ámbito de la gobernanza corporativa de la empresa, uno de los principales activos del Estado. La decisión que adopte la junta tendrá efectos en la gestión interna de la compañía y en el debate público sobre la relación entre responsabilidades políticas y administración de entidades estratégicas.