Bogotá, 9 de febrero de 2026 – El presidente Gustavo Petro solicitó a la Corte Constitucional levantar la suspensión provisional del decreto de emergencia económica expedido tras la caída de la ley de financiamiento, al considerar que su vigencia permitiría atender la crisis humanitaria causada por las inundaciones en Córdoba.

Durante el consejo de ministros realizado en la noche del lunes, el mandatario afirmó que no sería necesario expedir una nueva declaratoria excepcional si el alto tribunal reactiva el decreto existente. “Le he solicitado a la Corte que levante el decreto que ya existe. No necesitaríamos otro, esa es la discusión jurídica”, dijo.

El jefe de Estado sostuvo que la reactivación del mecanismo permitiría financiar la atención de la emergencia climática, que, según indicó, afecta cerca del 80% del territorio cordobés. El encuentro ministerial comenzó tres horas después de lo previsto y concluyó sin anuncios sobre una nueva declaratoria de emergencia por la temporada de lluvias.

Petro reiteró que el Gobierno enfrenta un déficit fiscal cercano a 16 billones de pesos tras el hundimiento en el Congreso de la reforma tributaria. Según explicó, sin medidas extraordinarias el Ejecutivo tendría que realizar recortes presupuestales equivalentes a esa cifra.

“Tendríamos que recortar 16 billones del presupuesto. Esto va a valer otros 16 billones mal contados para llegar a la reparación total”, señaló, al referirse al costo estimado de la reconstrucción en las zonas afectadas por las inundaciones.

En una carta enviada directamente por el mandatario al alto tribunal, el Ejecutivo argumentó que el estado de excepción busca “evitar daños irreparables” y proteger a las familias afectadas por la situación humanitaria derivada de las lluvias.

Choque jurídico con la Corte

La Corte Constitucional suspendió el 29 de enero la emergencia económica decretada en diciembre de 2025, en una decisión adoptada por seis votos contra dos. El Gobierno, además de solicitar el levantamiento de la medida, presentó una nulidad contra la decisión judicial.

En contexto: Corte Constitucional suspende emergencia económica de Petro

La Casa de Nariño sostiene que la suspensión contradice la jurisprudencia constitucional, que históricamente ha considerado improcedente suspender decretos legislativos de estados de excepción. En el escrito, el Ejecutivo aseguró que la medida constituye una “violación ostensible y trascendental del debido proceso”.

El alto tribunal deberá decidir si mantiene la suspensión o permite la vigencia del Decreto 1390 de 2025 mientras adelanta el estudio de fondo sobre su constitucionalidad, revisión que la Carta Política ordena de manera automática para todos los estados de excepción.

Señalamientos a la hidroeléctrica Urrá

En sus declaraciones, Petro también atribuyó responsabilidades por las inundaciones a la hidroeléctrica Urrá, en Córdoba. Afirmó que la empresa habría mantenido altos niveles del embalse “esperando una escasez”, lo que, según dijo, agravó el desbordamiento.

El mandatario pidió investigar al gerente Juan Acevedo Rocha, quien presentó su renuncia al cargo. “Si hubiera estado a medio llenar, habría menos agua en la tierra”, afirmó.

La Corte deberá tramitar la solicitud presidencial y definir si revoca la suspensión, en medio de la emergencia climática que ha dejado muertos, miles de viviendas destruidas y decenas de miles de familias afectadas en el Caribe colombiano.