Bogotá, 10 de febrero de 2026 – La defensa de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, aseguró que no hubo violación de los topes de financiación electoral y sostuvo que la imputación anunciada por la Fiscalía no afecta su continuidad al frente de la petrolera estatal.

En entrevista con la FM, el abogado afirmó que la contabilidad de la campaña se manejó con controles y procedimientos legales y señaló que la imputación corresponde al inicio de un proceso penal. Indicó además que aún no habían sido notificados formalmente de los cargos y reiteró que Roa no prevé renunciar. Según la defensa, el proceso judicial no interfiere con sus funciones como directivo de Ecopetrol.

La Fiscalía solicitó audiencias de imputación por presunta violación de topes electorales y tráfico de influencias. El expediente revisa aportes y gastos de la campaña Petro Presidente 2022 que habrían sido omitidos o reportados de forma irregular, así como la compra de un apartamento en Bogotá cuyo origen de recursos es objeto de verificación.

El caso se origina en un fallo del Consejo Nacional Electoral (CNE) de noviembre de 2025, que concluyó que la campaña superó los límites legales de gasto por varios miles de millones de pesos y remitió copias a las autoridades judiciales. La decisión incluyó sanciones económicas y abrió investigaciones sobre la gestión financiera de la campaña.

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Roa intentó detener la actuación mediante una tutela por presunta vulneración del debido proceso, pero un tribunal la declaró improcedente, lo que permitió continuar las indagaciones administrativas y penales.

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La investigación también examina aportes de organizaciones, pagos a testigos electorales y contratos de publicidad y servicios, junto con su registro contable. La Fiscalía evalúa si estos movimientos excedieron los límites legales o provinieron de fuentes prohibidas.

En paralelo, la Procuraduría adelanta actuaciones disciplinarias por la financiación de la campaña, mientras la junta directiva de Ecopetrol ha mantenido su respaldo al directivo al señalar que no existe condena judicial y rige la presunción de inocencia.

La audiencia ante un juez de control de garantías definirá la formulación formal de cargos y el inicio de la etapa judicial del proceso, que traslada al ámbito penal las conclusiones administrativas del CNE sobre la financiación de la campaña presidencial de 2022.