Bogotá, 6 de febrero de 2026 – El presidente Gustavo Petro anunció que el Gobierno declarará una emergencia económica, social y ambiental para atender la crisis invernal que afecta principalmente a Córdoba y Sucre, al considerar que la magnitud del desastre supera la capacidad ordinaria de respuesta estatal.

La medida será adoptada tras un consejo extraordinario del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. En un mensaje publicado en X, el mandatario indicó que el fenómeno constituye un “hecho sobreviniente” y no descartó ampliar la declaratoria a otras regiones del país.

De acuerdo con datos de la Presidencia y organismos de gestión del riesgo, las lluvias han dejado al menos 14 personas muertas, cerca de 9.000 viviendas destruidas, unas 50.000 familias afectadas y alrededor de 35.000 hectáreas inundadas, con un impacto cercano a 300.000 personas. Córdoba registra la mayor afectación, mientras en Sucre se reportan poblaciones incomunicadas, pérdidas agrícolas y daños en vías terciarias.

El Consejo Nacional de Gestión del Riesgo recomendó formalmente la declaratoria al concluir que la emergencia excede los mecanismos presupuestales disponibles. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ha reportado más de 100 eventos en 84 municipios de al menos 14 departamentos, ocasionados por inundaciones, desbordamientos de ríos y daños en infraestructura.

El Gobierno atribuye la intensidad de las lluvias a fenómenos asociados al clima y a condiciones locales como la ocupación de zonas inundables y el manejo de embalses. También advirtió riesgos de seguridad alimentaria por la pérdida de cultivos en áreas como el bajo Sinú y la Mojana.

La declaratoria permitirá expedir decretos con fuerza de ley para movilizar recursos, agilizar contrataciones y financiar obras urgentes, además de ampliar la asistencia humanitaria. Petro señaló que la reconstrucción demandará altos costos y que recortes presupuestales afectarían la atención a los damnificados.

La decisión ocurre en un contexto de precedentes judiciales: en 2025 la Corte Constitucional suspendió provisionalmente una emergencia económica anterior al considerar insuficiente su justificación excepcional. El Ejecutivo sostiene que la situación actual cumple los requisitos constitucionales al tratarse de un desastre natural de gran escala.

Mientras se expide el decreto, continúan las evacuaciones, la atención humanitaria y las intervenciones del Ejército para habilitar vías y reducir los niveles de agua en zonas rurales. El alcance final de la medida dependerá de la evolución del fenómeno y de la revisión jurídica posterior del decreto.