Bogotá, 9 febrero de 2026 – El gobierno del presidente Gustavo Petro estudia declarar un nuevo estado de emergencia económica, social y ambiental para atender los daños causados por la actual ola invernal, pocos días después de que la Corte Constitucional suspendiera la emergencia decretada en diciembre de 2025.

El mandatario señaló que la magnitud de las inundaciones obliga a considerar medidas extraordinarias y que la declaratoria podría iniciarse en las regiones más afectadas y, de ser necesario, ampliarse al resto del país. La recomendación fue formulada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que planteó la necesidad de facultades excepcionales para financiar atención humanitaria, rehabilitación de infraestructura y recuperación productiva.

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La eventual medida se produce tras la decisión del 29 de enero de la Corte Constitucional, que suspendió la emergencia anterior al considerar que respondía principalmente a problemas fiscales estructurales, como la falta de aprobación de proyectos tributarios, y no a un hecho extraordinario e imprevisible, requisito exigido por la Constitución para este tipo de estados de excepción.

El Ejecutivo sostiene que el contexto actual es diferente. Según el presidente, la declaratoria estaría sustentada en una crisis climática derivada de lluvias intensas, desbordamientos de ríos e inundaciones en varios departamentos, especialmente en la región Caribe. Informes oficiales reportan decenas de municipios afectados y daños en viviendas, vías y actividades productivas, lo que requiere recursos inmediatos.

Paralelamente, el Gobierno solicitó a la Corte levantar la suspensión de la emergencia previa, argumentando que sin instrumentos excepcionales se limita la capacidad estatal de respuesta frente a desastres naturales de gran escala.

La discusión jurídica se concentra en si la ola invernal cumple las condiciones constitucionales de excepcionalidad. Mientras el Gobierno afirma que la situación climática justifica el uso de poderes extraordinarios, distintos sectores advierten sobre el uso reiterado de estados de excepción. Entre tanto, autoridades regionales presionan por recursos urgentes para atender a las poblaciones afectadas y reparar la infraestructura dañada.