Bogotá, 9 febrero de 2026 – La Fiscalía General de la Nación dio trámite preferente a la investigación penal contra el exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo por denuncias de presunto acoso y violencia sexual. El proceso también involucra actuaciones de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría.

El ente investigador abrió noticia criminal por los delitos de acoso sexual, actos sexuales abusivos y acceso carnal con incapacidad de resistir, por hechos que habrían ocurrido entre 2020 y 2023, cuando Caicedo ejercía la gobernación. La priorización implica atención acelerada dentro de los despachos fiscales.

La Defensoría del Pueblo solicitó que la investigación avance con garantías para las denunciantes y enfoque de violencia basada en género. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar disciplinaria para establecer posibles faltas administrativas o responsabilidades dentro de la administración departamental.

Contexto de las denuncias

Las denuncias surgieron tras la publicación de testimonios de al menos cuatro mujeres, funcionarias, contratistas y militantes políticas, que describen presuntas conductas de acoso asociadas al ejercicio del poder y a ofrecimientos de ascensos o beneficios laborales. También se aportaron conversaciones atribuidas al exmandatario que, según los denunciantes, relacionarían encuentros personales con oportunidades profesionales.

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Dos denuncias penales fueron radicadas por los abogados Julián Quintana, exdirector del CTI, y Ariel Quiroga, quienes solicitaron investigar además a posibles colaboradores que habrían facilitado o encubierto los hechos.

Caicedo negó las acusaciones y afirmó que los mensajes divulgados son un montaje. Sostuvo que las denuncias responden a una persecución política relacionada con su candidatura presidencial por firmas.

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El proceso avanza por tres vías: la Fiscalía determinará eventuales responsabilidades penales, la Procuraduría evaluará faltas disciplinarias y la Defensoría acompaña la protección de las denunciantes.

Aunque no hay imputaciones ni decisiones de fondo, la priorización del caso sitúa la investigación en el centro del debate público en medio del calendario electoral de 2026.