Bogotá, 9 de febrero de 2026 – La Fiscalía General de la Nación radicó la solicitud de imputación de cargos contra Juliana Andrea Guerrero por presuntas irregularidades en los títulos que obtuvo en la Fundación Universitaria San José y pedirá que enfrente el proceso bajo detención domiciliaria.

El anuncio fue confirmado por la fiscal delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo. Según el ente acusador, a Guerrero se le imputarán los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal por la expedición de los títulos de tecnóloga en gestión contable y contadora pública.

La misma solicitud judicial también cobija al exsecretario general de la institución, Luis Carlos Gutiérrez, quien habría autorizado la expedición de los diplomas. La Fiscalía sostiene que los documentos fueron emitidos sin que se cumplieran los requisitos legales obligatorios para obtener el grado académico.

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La investigación se abrió en 2025 luego de que la representante a la Cámara Jennifer Pedraza denunciara inconsistencias en los registros académicos de Guerrero. Certificaciones del Icfes indicaron que no existían reportes de que hubiera presentado las pruebas Saber Pro y Saber TyT, obligatorias para graduarse.

La Fiscalía aseguró que la obtención de los títulos pudo inducir en error a entidades públicas al ser utilizados en trámites oficiales, lo que configuraría fraude procesal. La audiencia se realizará ante un juez de control de garantías, quien deberá decidir si impone la medida de aseguramiento solicitada por el ente acusador.

El contexto de los títulos de Guerrero

Tras estallar el escándalo, la Fundación Universitaria San José anuló los títulos de Guerrero, destituyó al secretario general y se declaró víctima del proceso. Actas internas conocidas por las autoridades señalan que los diplomas habrían sido expedidos sin verificar el cumplimiento de requisitos académicos.

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La institución inició una revisión de miles de títulos emitidos en el periodo investigado y remitió información al Ministerio de Educación y a la Fiscalía. Además, una orden judicial obligó a entregar información académica de más de mil funcionarios públicos graduados allí, ante la sospecha de que podrían existir otros casos similares.

Alcance político del caso

El proceso tomó relevancia nacional cuando Guerrero fue considerada para un cargo en el Ministerio de Igualdad durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Desde entonces, sectores políticos han usado el caso para cuestionar los mecanismos de verificación de hojas de vida en la administración pública.

Con la imputación, la investigación pasa a etapa judicial formal y podría ampliarse a otros funcionarios involucrados en la expedición de los títulos. El juez de control de garantías definirá si Guerrero afronta el proceso en libertad o bajo detención domiciliaria mientras avanza el caso.