Bogotá, 9 febrero de 2026 – El senador Iván Cepeda anunció que presentará una denuncia penal por prevaricato y quejas disciplinarias contra el magistrado Álvaro Hernán Prada y el conjuez Hollman Ibáñez, tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) que lo excluyó de la consulta presidencial de la izquierda prevista para el 8 de marzo.

Según el congresista, ambos debieron declararse impedidos por antecedentes judiciales y políticos que, en su criterio, comprometían su imparcialidad. Sostiene que al participar en la votación se vulneró su derecho a elegir y ser elegido.

La acción jurídica incluye una denuncia penal por prevaricato y eventuales delitos conexos, además de quejas disciplinarias ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Cepeda argumenta que la omisión de declararse impedidos configuraría prevaricato por omisión y que la decisión desconoce la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La votación 6–4 que activó la disputa jurídica

El origen del litigio es la votación del CNE del 3 de febrero, adoptada por 6 votos contra 4, que negó su inscripción en la consulta interpartidista “Frente por la Vida”. El organismo aplicó la Ley 1475 de 2011 y concluyó que un candidato no puede participar en dos consultas dentro del mismo proceso electoral, debido a que Cepeda había intervenido previamente en la consulta del Pacto Histórico en octubre de 2025.

El voto decisivo fue del conjuez Ibáñez. Cepeda sostiene que Prada debía apartarse por su vinculación al proceso judicial por presunta manipulación de testigos relacionado con el expresidente Álvaro Uribe, expediente en el que el senador figura como víctima. Sobre Ibáñez, afirma que sus antecedentes políticos y posiciones públicas configuraban un conflicto de interés.

La decisión del CNE generó reacciones en el ámbito político. El presidente Gustavo Petro cuestionó el fallo y sectores del Pacto Histórico anunciaron acciones de tutela para intentar revertirlo.

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En paralelo, el mismo tribunal autorizó la participación del exalcalde de Medellín Daniel Quintero en la consulta, lo que intensificó el debate sobre los criterios aplicados por la autoridad electoral.

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El caso ahora pasará al análisis de instancias penales y disciplinarias, que deberán determinar si existían causales de impedimento y si la actuación de los decisores se ajustó a la ley. Además, la Corte Constitucional podría pronunciarse mediante tutelas sobre la exclusión del candidato.

Mientras tanto, la controversia incide en la campaña presidencial de 2026: Cepeda queda fuera de la consulta del bloque progresista y evalúa la posibilidad de competir directamente en la primera vuelta.