Bogotá, 9 de febrero de 2026 – El Consejo Nacional de Gestión del Riesgo recomendó al presidente Gustavo Petro decretar una emergencia económica, social y ambiental por la ola invernal atípica que golpea al país y que solo en Córdoba deja más de 120.000 damnificados, con pérdidas agrícolas masivas y costos de recuperación calculados en billones de pesos.

La solicitud fue confirmada por Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), quien explicó que la capacidad estatal ha permitido desplegar ayuda humanitaria inmediata, pero advirtió que la reconstrucción y la reactivación económica superan ampliamente la disponibilidad presupuestal ordinaria.

“Hoy podemos atender, pero la recuperación cuesta billones”, afirmó el funcionario en declaraciones radiales, al detallar que la eventual declaratoria tendría dos componentes: medidas de mitigación y atención urgente, y un paquete extraordinario de recursos para la recuperación productiva de las zonas afectadas.

El impacto más severo se concentra en la cuenca baja del río Sinú. Las lluvias extremas provocaron el desbordamiento del afluente y la inundación de amplias áreas rurales y urbanas en municipios como Montería, Cereté, San Pelayo y Lorica. Según la UNGRD, cerca de 40.000 hectáreas permanecen bajo el agua y, una vez desciendan los niveles, la afectación podría extenderse hasta 300.000 hectáreas por daños indirectos en cultivos y suelos.

Carrillo calificó el episodio como “sin precedentes”. En la represa de Urrá se registró un incremento de hasta 1.600% en las precipitaciones durante dos días, con aportes que pasaron de cerca de 500 a 2.500 metros cúbicos por segundo en 36 horas. El fenómeno, asociado a un frente frío extremo descrito como un vórtice polar, se presentó en plena temporada seca del Caribe colombiano.

Además de Córdoba, se reportan emergencias en Sucre, Casanare y Putumayo. En total, las autoridades contabilizan más de 43.000 familias afectadas y más de un centenar de eventos en decenas de municipios. El Gobierno ha enviado kits humanitarios y toneladas de ayuda desde Bogotá, mientras autoridades departamentales declararon la calamidad pública y el Ejército interviene en puntos críticos para contener inundaciones.

El presidente Petro ya había informado que el fenómeno deja al menos 14 personas muertas, cerca de 9.000 viviendas destruidas y decenas de miles de hogares impactados. El Ejecutivo evalúa la declaratoria extraordinaria para habilitar giros presupuestales, contratar obras urgentes y financiar la recuperación agrícola.

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De concretarse, sería un nuevo uso de la figura de emergencia económica para enfrentar un desastre natural de gran escala. La UNGRD insiste en que, aunque la fase humanitaria está en marcha, la recuperación productiva y de infraestructura exige recursos excepcionales y decisiones fiscales inmediatas para evitar un impacto prolongado en la economía regional.