Bogotá, 7 de febrero de 2026 – El presidente Gustavo Petro advirtió sobre la falta de auditorías a los softwares electorales y volvió a criticar al Consejo Nacional Electoral (CNE), al que acusa de afectar las garantías democráticas en la antesala de las elecciones de 2026.

En un mensaje publicado en X, el mandatario señaló que la autoridad electoral no está actuando conforme a la Constitución ni a la ley y expresó preocupaciones sobre la transparencia del sistema electoral. Sus declaraciones se producen días después de que el CNE negara la participación del senador Iván Cepeda en la consulta presidencial del Frente por la Vida.

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El señalamiento sobre los sistemas tecnológicos amplía el conflicto entre el Gobierno y el organismo electoral, que ya incluía decisiones sobre candidaturas y financiación de campañas. Petro sostiene que el CNE actúa con conflictos de interés y que sus actuaciones perjudican a las fuerzas políticas que respaldan al Ejecutivo.

El CNE ha defendido su actuación. En el caso de Cepeda, la mayoría de magistrados consideró que la Ley 1475 de 2011 impide participar en dos consultas dentro del mismo proceso electoral y concluyó que el senador ya había intervenido en una consulta interna del Pacto Histórico en 2025. La decisión se adoptó por 6 votos contra 4 tras la intervención de un conjuez.

El episodio se suma a la sanción impuesta en noviembre de 2025 a la campaña “Petro Presidente 2022” por violar topes de financiación y presentar reportes incompletos. El organismo multó a la organización de campaña y remitió copias del expediente a la Comisión de Acusación de la Cámara para evaluar la eventual responsabilidad del entonces candidato, debido al fuero presidencial que impide sanciones directas contra el jefe de Estado.

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El presidente ha afirmado que las decisiones del CNE limitan la participación política y ha advertido sobre riesgos para las garantías democráticas. Incluso ha convocado a sectores sociales a discutir posibles reformas institucionales.

Por su parte, el CNE sostiene que actúa dentro de sus competencias, respaldado por fallos de la Corte Constitucional que ratificaron su facultad para investigar la financiación de campañas, aunque sin capacidad para sancionar personalmente al presidente en ejercicio.

La controversia refleja una creciente tensión entre el Ejecutivo y la autoridad electoral en un momento clave del calendario político. La exclusión de Cepeda impacta la estrategia del bloque progresista y la investigación sobre la campaña de 2022 mantiene abierto un frente jurídico para el mandatario. El debate sobre auditorías tecnológicas y reglas de participación se ha convertido así en un punto central de la discusión institucional sobre las elecciones de 2026.