Bogotá/Quito, 7 de febrero de 2026 – Colombia decidió expedir el decreto de aranceles del 30% contra productos ecuatorianos y avanzar en una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (CAN), luego de que la reunión bilateral de alto nivel celebrada el jueves en Quito terminara sin acuerdo para suspender el “tarifazo” impuesto por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa a las exportaciones colombianas.

La Cancillería colombiana informó que se ve “obligada” a aplicar la medida por razones de seguridad nacional y reciprocidad comercial, después de que Ecuador condicionara cualquier alivio arancelario a avances simultáneos en cooperación judicial, seguridad fronteriza, energía y lucha contra el narcotráfico.

El decreto, cuya firma se había aplazado a la espera del diálogo, impondrá un gravamen del 30% a un listado de productos ecuatorianos, con posibilidad de ampliarlo si el conflicto persiste. Paralelamente, Bogotá prepara una demanda ante el Tribunal andino por considerar que Quito desconoció el Acuerdo de Cartagena, que prohíbe aplicar aranceles entre socios del bloque.

El objetivo de la Cancillería es trasladar la disputa al plano jurídico regional para que la autoridad comunitaria ordene suspender la medida ecuatoriana o adopte medidas cautelares.

La reunión en Quito, encabezada por las cancilleres Gabriela Sommerfeld y Rosa Yolanda Villavicencio y acompañada por delegaciones técnicas de comercio, defensa, justicia y energía, buscaba desactivar la crisis. Colombia solicitó suspender temporalmente la resolución arancelaria mientras continuaban las negociaciones, pero Ecuador respondió que evaluaría la petición solo después de alcanzar acuerdos integrales.

En materia de seguridad, la delegación colombiana defendió sus operaciones contra el narcotráfico y el crimen organizado en la frontera, argumentando resultados recientes “más contundentes que en años anteriores”, en respuesta a la narrativa ecuatoriana sobre falta de cooperación.

Cómo se originó la guerra comercial

La crisis comenzó el 21 de enero, cuando Noboa anunció un arancel del 30% a importaciones colombianas alegando falta de reciprocidad frente a la crisis de seguridad ecuatoriana. La medida entró en vigor el 1 de febrero mediante resolución del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) y golpea exportaciones agroindustriales, agropecuarias, energéticas y manufactureras.

Colombia respondió anunciando aranceles espejo y suspendiendo temporalmente la venta de energía eléctrica a Ecuador, aunque mantuvo en pausa el decreto general a la espera de una salida negociada.

En contexto: Gobierno Petro anunció arancel del 30 % a productos de Ecuador y la suspensión del intercambio de energía

El fracaso del encuentro bilateral cambió el escenario. Bogotá pasó de la diplomacia preventiva a la retaliación formal y al litigio internacional.

Además del comercio, ambos países discutieron cooperación judicial, traslados de presos, y la interconexión energética, considerada estratégica para la integración regional. La exportación de electricidad colombiana es particularmente sensible para el sistema ecuatoriano.

Analistas comerciales señalan que la imposición unilateral de aranceles dentro de la Comunidad Andina puede constituir una violación del régimen comunitario y abrir la puerta a sanciones o a la orden de suspensión de la medida.

Con la activación de aranceles y la demanda ante la CAN, el diferendo deja de ser únicamente diplomático y pasa a un pulso económico y jurídico que podría prolongarse durante meses, mientras ambos gobiernos intentan evitar que el conflicto comercial se traduzca en una ruptura más amplia de la cooperación fronteriza y energética.