Quito/Bogotá, 5 de febrero de 2026 – El Gobierno de Gustavo Petro envió este viernes una delegación de alto nivel a Quito con el objetivo de desactivar la escalada comercial con Ecuador, originada por la imposición recíproca de aranceles del 30% a productos de ambos países. La misión está encabezada por la canciller Rosa Yolanda Villavicencio y el ministro de Defensa Pedro Sánchez, y busca abrir una vía de negociación que permita desmontar o atenuar las medidas, en un conflicto que ya afecta el comercio fronterizo, el suministro de energía y la cooperación en seguridad.

La delegación tiene previstas reuniones con la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld, el ministro de Defensa Gian Carlo Loffredo y equipos técnicos de ambos gobiernos. Según fuentes oficiales, la agenda incluye no solo la discusión arancelaria, sino también condiciones energéticas y mecanismos de coordinación fronteriza en una zona estratégica para la lucha contra el narcotráfico.

El viaje marca el primer movimiento diplomático de alto nivel tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que el mandatario estadounidense Donald Trump se ofreció a mediar con su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa para facilitar una salida al conflicto.

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Por qué estalló la discordia y qué está en juego

La crisis se originó el 21 de enero, cuando el Gobierno de Noboa anunció desde el Foro de Davos la aplicación de una “tasa de seguridad” del 30% a la mayoría de importaciones colombianas, argumentando un déficit comercial sostenido y una supuesta falta de cooperación de Bogotá en seguridad fronteriza y control del narcotráfico. El arancel entró en vigor el 1 de febrero.

Colombia respondió con un gravamen espejo del 30% a productos ecuatorianos y con la suspensión parcial de exportaciones de energía eléctrica, un punto sensible para Ecuador, que ha dependido en momentos críticos del suministro colombiano. Desde entonces, transportadores, comerciantes y gremios empresariales de ambos países han advertido sobre una caída del intercambio, mayores costos logísticos y riesgos para el empleo en las zonas fronterizas.

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Bogotá busca que la negociación no se limite a revertir los aranceles. La delegación pretende reabrir una mesa integral que permita reconstruir la cooperación en seguridad y establecer reglas claras en materia energética, sin convertir el comercio legal en un instrumento de presión política.

Hasta ahora, ninguno de los dos gobiernos ha anunciado un cronograma concreto para desmontar las medidas. La visita a Quito pretende abrir esa posibilidad en un conflicto que acumula costos económicos crecientes y una carga política significativa para ambas administraciones.