Un atentado registrado este jueves 5 de febrero en Fortul, Arauca, contra un vehículo del esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos del Partido Verde dejó al menos dos escoltas muertos, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones sobre heridos, causas y responsables del ataque, en medio de un contexto de violencia creciente en la región.

El ataque armado, ocurrido en una zona de alta presencia de grupos armados ilegales, impactó el vehículo en el que se desplazaban integrantes de la seguridad del congresista, quien no se encontraba en ese automóvil y hasta el momento está ileso, según reportes preliminares de las autoridades.

Tras el atentado, la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía activaron protocolos de seguridad y acordonamiento del área, mientras se realizan diligencias para establecer la cifra exacta de víctimas y posibles agresores. Hasta ahora no hay una reivindicación pública del hecho.

Castellanos, presidente de la Comisión Tercera del Senado y representante por Norte de Santander, ha sido un crítico constante de la debilidad estatal en las zonas fronterizas y del accionar de estructuras criminales en el país, especialmente en departamentos como Arauca y Catatumbo. Desde el Congreso ha exigido mayores acciones del Gobierno frente a paramilitarismo, guerrillas y crimen organizado.

Fortul, municipio limítrofe con Venezuela, ha sido escenario de continuos hostigamientos, ataques con francotiradores y atentados contra la Fuerza Pública, configurando uno de los focos más álgidos de inseguridad en Colombia. Solo días antes, el departamento registró impactos de francotiradores contra uniformados, y en 2024 se reportaron ataques de grupos como el ELN en la misma región.

Hasta ahora, organizaciones armadas ilegales como disidencias de las FARC-EP o el ELN —que mantienen presencia disputada en Arauca— no han reclamado formalmente la autoría, pero la historia de violencia territorial y el control del narcotráfico y corredores ilegales sitúan a estos grupos en el centro de las pesquisas.

La Unidad Nacional de Protección (UNP) y el Partido Verde rechazaron de manera enérgica el atentado, subrayando la necesidad de reforzar las garantías para líderes políticos y sus equipos en zonas de alto riesgo. El hecho también plantea nuevamente el debate sobre la capacidad del Estado para garantizar seguridad en territorios estratégicos, justo cuando se intensifican las tensiones políticas y sociales en la agenda nacional.